Este año Chile conmemora los 50 años del derrocamiento y muerte del presidente Salvador Allende -11 de septiembre de 1973- primer mandatario marxista elegido en votaciones libres y democráticas en el mundo, junto con el rompimiento del orden institucional y la llegada de una dictadura militar encabezada por el general Augusto Pinochet. Durante 17 años el país conoció los peores abusos y violaciones a los derechos humanos dejando un reguero de sangre, asesinatos, torturas, muertes, desaparecidos, robos, privatizaciones escandalosas, junto a una profunda transformación de la sociedad chilena que vio nacer un sistema basado en el individualismo. Así la educación, la salud, las pensiones e incluso el agua pasaron desde el Estado a manos privadas sobre la base de una constitución, aprobada en medio de la dictadura en 1980. El gobierno del presidente Gabriel Boric ha tomado con mucha seriedad esta conmemoración y pondrá en ejecución un programa de actividades nacionales e internacionales para recordar, en función del presente y futuro, las lecciones de estos cinco decenios que han marcado la historia de Chile y también la del mundo progresista que acompañó los sueños del presidente Allende para abrir un camino único que hiciera posible la transformación profunda de una sociedad subdesarrollada con los ideales del socialismo, en el marco de un sistema democrático pleno. Aún no se conoce el calendario de actividades, pero para los sectores negacionistas que todavía defienden la dictadura de Pinochet, cualquier mención a las violaciones a los derechos humanos ocurridas será tomada como provocación. Para la izquierda, en cambio, ese tema junto al quiebre de la democracia, son parte del eje central de la conmemoración. Por tanto, el gobierno tiene la difícil tarea de buscar el justo equilibrio que evite la polarización y permita proyectar una mirada de futuro sobre la base de la importancia de la democracia y el pleno respeto a los derechos humanos.
Un 4 de septiembre de 1970 Salvador Allende fue elegido con el 36,2% de los votos, seguido por el conservador Jorge Alessandri con 34,9% y en tercer lugar el candidato de la democracia cristiana, Radomiro Tomic, con el 27,8%. Regía la Constitución aprobada en 1925 que otorgaba a la primera mayoría la presidencia de la república, a condición de que fuera ratificada en el congreso. Así ocurrió, previo a un estatuto de garantías que exigió el partido demócrata cristiano. Allende venció con una coalición -Unidad Popular- formada principalmente por los partidos socialista y el comunista, más otros menores, con un programa que contemplaba, entre otras medidas, la nacionalización del cobre, de la banca, la profundización de la reforma agraria y también medio litro diario de leche para los niños y mujeres embarazadas, debido a la seria desnutrición infantil que existía en el país. Esta medida que se hizo realidad a solo dos meses de haberse iniciado el gobierno -el 4 de enero de 1971- y en tres años se extendió a 3,6 millones de mujeres y niños.
El cobre, principal ingreso del país y que era controlado mayoritariamente por compañías estadounidenses, fue nacionalizado un día 11 de julio de 1971, es decir, a solo ocho meses de haber asumido la presidencia y con la unanimidad de los votos en el Parlamento.
Se sabía que sería difícil para un gobierno decidido a cambiar la estructura de dependencia económica consolidar un proceso que era profundamente revolucionario en un marco plenamente democrático, con funcionamiento independiente de los tres poderes del Estado y una absoluta libertad de prensa. La verdad es que desde antes que asumiera Allende, ya la derecha y el gobierno de los Estados Unidos trabajaban para su derrocamiento, como quedó ampliamente demostrado en la comisión investigadora del senado estadounidense, en el llamado “Informe Church: Acción encubierta en Chile 1963-1973”.
https://imagenesparamemoriar.com/2015/06/03/informe-church-usa-accion-encubierta-en-chile-1963-1973/
Eran los años de la Guerra Fría, y la consolidación de un gobierno transformador como planteaba Allende, no era tolerable para la Casa Blanca por representar una amenaza peligrosa a la hegemonía de Washington en la región y más grave aún, por el efecto que podría haber tenido en Europa, en países miembros de la OTAN, como Italia y Francia, donde existían poderosos partidos de izquierda.
Hoy, cuando se habla de la importancia de los medios en la manipulación de la opinión pública y de los votantes, debemos recordar que Allende debió enfrentar antes de las elecciones de 1970 y durante los tres años de gobierno, “la campaña del terror” -de propaganda política- que buscó socavar la imagen del candidato, de su programa y de los partidos que lo acompañaban, asimilándola con la dictadura cubana. Fueron millones de dólares que se gastaron provenientes de Estados Unidos y de los generosos aportes de parte del empresariado nacional. En las últimas elecciones que enfrentó el presidente Allende, en medio de una terrible crisis económica y política, en marzo de 1973, obtuvo el 43% de respaldo popular. Es decir, cuando el mensaje es claro e interpreta los anhelos y esperanzas del sentimiento popular, ninguna maquinaria publicitaria logra revertirlo. Lo mismo ocurrió con el plebiscito de 1988, cuando fue derrotado el régimen de Pinochet que pretendía extender en ocho años más su gobierno. Ni los 17 años de control de la prensa y televisión pudieron detener la ola democratizadora que puso fin a la dictadura.
El golpe de estado de 1973 sigue dividiendo a parte de la sociedad chilena como se refleja a raíz de las actividades conmemorativas que prepara el gobierno. En una encuesta efectuada por una universidad privada, publicada en la prensa el pasado 15 de enero, una de las preguntas señala: “Parte de la conmemoración consiste en recordar las violaciones a los derechos humanos que se dieron en este período. Cree que esto contribuirá a dividir más a los chilenos o a unir más a los chilenos”. Un 63% de los entrevistados considera que ello dividirá más y solo un 37% considera que servirá para unir.
¿Por qué sigue dividiendo a la sociedad chilena un golpe de estado ocurrido hace 50 años? No es fácil aventurar una respuesta, pero no se ha cerrado el trágico capítulo de los detenidos desaparecidos, cuyos familiares siguen esperando saber qué pasó, dónde están. Ha sido de gran importancia conocer gran parte de la verdad gracias al Informe Rettig o la Comisión Valech, así como los reconocimientos parciales de responsabilidad institucional asumidos por dos excomandantes en jefe del ejército, los generales Juan Emilio Cheyre y Ricardo Martínez. Sin embargo, las fuerzas armadas siguen “al debe” con la memoria histórica de Chile por haber sido los principales responsables de las violaciones a los derechos humanos y haber ocultado primero y luego dificultado entregar información para saber de los asesinatos cometidos en Chile y en extranjero por la dictadura; el destino de los detenidos desaparecidos, haber borrado evidencias, no respetar sitios de memoria histórica y mantener aún los nombres del dictador y sus colaboradores en algunos recintos militares. Es hora de que las fuerzas armadas ayuden a sanar las heridas entregando la información que falta para dar paz a los corazones, en especial a sus familiares, y podamos avanzar hacia un futuro que nos convoque e identifique a chilenas y chilenos sin distinción. Solo entonces el 11 de septiembre de 1973 dejará de dividir al país.
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