Mal empieza la semana para quien ahorcan en lunes: un comité del Congreso recomendó el procesamiento judicial de Donald Trump, y otro comité publicó las declaraciones de impuestos del expresidente que batalló duro en tribunales para mantenerlas ocultas.
Pase de la pelota
El Comité especial de la Cámara de Representantes que investigó la asonada del 6 de enero de 2021 dejará de existir el 3 de enero cuando, en la apertura de una nueva legislatura, los republicanos ocupen la mayoría que ganaron en las elecciones de noviembre pasado.
El comité se había formado en julio de 2021 y pasó casi 18 meses con su pesquisa de la revuelta que forzó a una interrupción en el trámite constitucional por el cual el Congreso debía certificar los resultados de los comicios presidenciales.
En su última audiencia pública el lunes pasado, el comité presentó en 154 páginas un resumen de sus conclusiones remitiendo al Departamento de Justicia sus “referencias” para el enjuiciamiento de Trump, el abogado John Eastman y un número indeterminado y no identificado de “otros”, supuestamente involucrados en la sedición.
La referencia de Trump gira en torno a cuatro posibles violaciones criminales de la ley: la obstrucción de procedimientos oficiales, declaraciones falsas, fraude contra Estados Unidos, e incitación a la insurrección.
El resumen señala que “en opinión del Comité, y sobre la base de todas las evidencias obtenidas, Trump creyó entonces, y sigue creyendo ahora, que está por encima de la ley, y no está sujeto a nuestra Constitución y sus controles explícitos sobre la autoridad presidencial”.
“Si no se hace a Trump y sus asociados que le ayudaron en un intento por anular el resultado legal de la elección de 2020 responsables ante la ley, su conducta podría convertirse en un precedente y una invitación al peligro en elecciones futuras”, añadió el Comité. “Si no se les hace ahora responsables esto podría llevar a esfuerzos ilegales en el futuro para subvertir nuestras elecciones, amenazando la seguridad y la viabilidad de nuestra república”.
Tremendo como suena el resumen divulgado por el Comité, aparentemente más contundente es el contenido del informe final, que contiene transcripciones de las casi 1.200 entrevistas con testigos que fueron citados a declarar, y resmas de documentos obtenidos de agencias, incluidos los registros de visitantes en la Casa Blanca, e intercambios en frecuencias de radio del Servicio Secreto.
Pero el Comité del Congreso no tiene atribuciones judiciales y por ello envió las “referencias” al Departamento de Justicia que ahora tiene la tarea nada fácil de determinar si procederá con la formulación de cargos.
Los impuestos
Todos los presidentes de EE.UU. desde Richard Nixon (1969 a 1974), pasando por Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, han hecho públicas sus declaraciones de impuestos.
La ley en Estados Unidos protege con celo la confidencialidad de esos documentos, pero todos los candidatos presidenciales, y en muchos casos en el resto del país los candidatos a gobiernos estatales y responsabilidades locales consideran la publicación voluntaria como un gesto de transparencia: el candidato o la candidata nada tienen que ocultar acerca de sus ingresos, sus negocios y sus contribuciones de acuerdo con la ley.
Durante la campaña presidencial de 2016, Donald Trump –que se ha jactado de ser un millonario peso pesado y un empresario exitoso- respondió a las preguntas sobre sus impuestos con el argumento de que publicaría las declaraciones, pero… estaban sujetas a auditorías.
Desde entonces, Trump encontró una y varias razones para postergar la publicación de sus declaraciones de impuestos, batalló duro en tribunales para impedir esa publicación, y calificó la curiosidad como otro aspecto de la persecución política de la cual se dice –y aparentemente se cree- víctima.
En septiembre de 2020 el diario The New York Times publicó el resultado de una extensa investigación sobre los negocios y los impuestos de Trump durante más de dos décadas, que dejó al descubierto propiedades envueltas en problemas financieros, un uso entusiasta de descuentos, y cientos de millones de dólares en deudas a punto de vencimiento. De acuerdo con esta investigación, cuando Trump ganó la presidencia en 2016 no había pagado impuestos sobre los ingresos en diez de los quince años anteriores principalmente porque declaró que había perdido mucho más dinero que el ganado con sus negocios.
El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes litigó con Trump ante los tribunales para obtener la copia de sus declaraciones de impuestos en los últimos seis años, lo cual añadió argumentos sobre el uso del Servicio de Impuestos Internos (IRS) como herramienta para la persecución política.
El caso llegó hasta el Tribunal Supremo de Justicia que el mes pasado se abstuvo de decidir sobre la orden de otro tribunal que autorizaba la entrega de los documentos al comité legislativo.
Este martes, tras el informe del Comité del 6 de enero, el Comité de Medios y Arbitrios –apuradito antes de que concluya la mayoría demócrata en la cámara- hizo públicos los documentos fiscales del expresidente entre 2015 y 2020.
En cuatro de esos seis años, Trump declaró pérdidas multimillonarias, con lo cual se achicaron sus contribuciones a los impuestos que pagan los estadounidenses.
En 2015, cuando recién era aspirante a la candidatura presidencial y se jactaba de su astucia empresarial, Trump dio cuenta al IRS de pérdidas por 31,7 millones de dólares y encogió su obligación impositiva a 642.931 dólares.
En 2016, cuando era recién candidato y seguía fanfarroneando de ser un genio para los negocios, Trump declaró pérdidas por 32,2 millones dólares y pagó 750 dólares en impuestos sobre los ingresos.
En 2017, declaró un déficit de ingresos de 12,8 millones de dólares y pagó, otra vez, apenas 750 dólares en impuestos.
Trump retornó al territorio de las ganancias, según su declaración impositiva, en 2018 con un saldo positivo de 24,4 millones de dólares y pagó 999.466 en impuestos.
También en 2019 tuvo ingreso positivo por 4,4 millones de dólares lo cual llevó a una contribución de 133.445 dólares.
Y, en 2020, el genio de las finanzas retornó a la pérdida con 4,7 millones de dólares en rojo y cero (0) pago de impuestos.
El Código Impositivo de Estados Unidos cuenta con 6.871 páginas y si se incluyen las reglamentaciones y orientaciones fiscales oficiales, el total sube a unas 75.000 páginas cuya lectura llevaría unas 14 semanas.
En ese fárrago de disposiciones fiscales, es privilegio de los privilegiados el servicio de abogados, contadores y expertos impositivos que encuentran huecos, rulos y justificaciones para descuentos, rebajas, esquives y manipulaciones que alivian el compromiso que los acaudalados tienen con la sociedad a la cual pertenecen.
Trump no es una excepción entre sus pares financieros. Sólo algo más mentiroso: el Comité de Medios y Arbitrios indicó que, aunque Trump ha justificado su secreto por las auditorías en curso, en realidad el IRS no ha hecho auditorías de las declaraciones de impuestos del expresidente.
Situación delicada
El Departamento de Justicia, que debe mantener tanto su imagen como su conducta real en el terreno de la imparcialidad política, lleva a cabo por su cuenta otras investigaciones en torno a la asonada del 6 de enero de 2021.
El secretario de Justicia, Merrick Garland, designó el mes pasado a Jack Smith como investigador especial de la posible interferencia ilegal de Trump y sus asociados para impedir la transición presidencial tras las elecciones de 2020. A Smith también se le asignó la tarea de investigar las posibles infracciones relacionadas con el retiro de cientos de documentos de la Casa Blanca, incluidos algunos marcados como “secretos”, y su traslado a la residencia de Trump en Mar-a-Lago (Florida).
El Comité legislativo ha proporcionado al fiscal especial Jack Smith documentos relacionados especialmente con el ex secretario de la Presidencia, Mark Meadows, y el abogado John Eastman, quien promovió una teoría legal para fundamentar la anulación del resultado electoral. El Departamento de Justicia ha recibido copia de mensajes text de Meadows, y transcripciones de testimonios relacionados con las gestiones de Eastman para la designación de delegados al Colegio Electoral favorables a Trump.
Hay más de cien menciones a Meadows y Eastman en el resumen de conclusiones publicado el lunes por el comité legislativo.
Como casi todo en la carrera empresarial y la incursión política de Trump, la situación no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos.
Quienes más aborrecen al expresidente y quieren verlo tras las rejas, urgen a una formulación de cargos y un juicio por crímenes. Quienes simpatizan con Trump ven en toda la investigación tanto legislativa como judicial sólo una persecución política.
El jefe de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, de Kentucky, dijo el lunes que “todo el país sabe quién es responsable por ese día (6 de enero). Más allá de eso, no tengo comentarios inmediatos”.
El freno en la boca de todos los políticos lo pone una realidad: en las elecciones de 2020, Donald J. Trump recibió 74,2 millones de votos, esto es 11,3 millones de votos más que en 2016 cuando todavía el país no había experimentado su truculencia, abusos y mentiras.
Hay en Estados Unidos un mar de fondo de descontento económico, un repudio creciente hacia los dos partidos que han dominado el gobierno por más de siglo y medio, y una acrimonia que asfixia el diálogo. La reacción que por unos años ha encarnado Trump continuará latente cualquiera sea su destino.