Costó, pero, al final, salió. El llamado Acuerdo por Chile no es perfecto (ya lo sé. Ni siquiera se acerca a lo que simplemente soñé). Difícil de entender para los legos o la gente común. Sin duda, deja flancos a la crítica facilista o principista. Pero es un acuerdo suscrito por un amplio arco político, en el que todos sus firmantes tuvieron que ceder. Algunos, como los republicanos de J.A Kast, o el partido de la gente de Parisi, lo rechazaron. La UDI firmó asumiendo costos internos. A los Amarillos no les quedó más que sumarse, tras su fracasada propuesta de una convención íntegramente designada por el parlamento. Renovación Nacional debió resignar su propuesta de una convención mixta, con mitad de expertos, con derecho a voz y voto.
Tampoco el oficialismo está muy contento con el acuerdo. Aspiraban a una convención totalmente elegida, incluidos los clasificados expertos. Proponían 99 integrantes, además de representantes de las etnias originarias como supernumerarios, en proporción a la votación que obtuvieran.
Pero lo mejor es enemigo de lo bueno. Es un acuerdo de compromiso. Qué duda cabe. Con 50 consejeros constitucionales elegidos en forma paritaria, además de los representantes de las etnias originarias. Esa es la instancia resolutiva, con derecho a voz y voto. Pero es innegable que los expertos (12 elegidos por la cámara de diputados y otros tantos por el senado), jugarán un rol determinante para redactar una primera propuesta que será sometida a consideración de los consejeros, podrán participar en las deliberaciones, con derecho a voz, y luego, en la llamada etapa de armonización, podrán proponer modificaciones al texto aprobado. No es un consejo mixto, pero casi.
Al presidente no le quedó otro camino que valorar el acuerdo, que es un poco mejor que una convención mixta, a la que había terminado por allanarse, sosteniendo que un acuerdo imperfecto es mejor que la falta de acuerdo. Y éste permite darle continuidad al proceso constituyente, abrigando la esperanza de una constitución mejor que la actual y aprobada por la mayoría de los chilenos.
A diferencia del proceso anterior, la derecha y los sectores más conservadores no tan sólo recuperan el derecho a veto que les otorga los quórums supra mayoritarios establecidos para los acuerdos y su ratificación por el parlamento por 4/7. Y es más que evidente que los acuerdos deberán ser pactados entre los partidos con representación parlamentaria. Pero esa es la garantía de una constitución aceptada por todos los sectores.
Las bases o principios establecidos-los llamados bordes– así como el mecanismo de arbitraje, junto con los quórums supra mayoritarios, aseguran que el nuevo proceso constituyente no se salga de determinados cauces, reforzando la idea de una constitución pactada, que no es mala per se. Depende de sus contenidos.
El itinerario propuesto en el acuerdo es muy exigente y depende de la celeridad con que se apruebe la reforma necesaria para darle continuidad al proceso. Propone instalar la comisión de expertos en el próximo mes de enero, lo cual supone que tanto la cámara de diputados cono el senado los elijan en las próximas dos semanas, sin que quede del todo claro quienes califican como tales y como votarán los conocidos díscolos de la derecha y la centro izquierda.
Para el próximo mes de abril se tiene previsto elegir a los 50 consejeros constitucionales, según las reglas de elección de los senadores que, en teoría, pueden favorecer a la derecha (todo depende de los pactos y las alianzas, abierta la interrogante de si republicanos, el partido de la gente, y eventualmente, Amarillos, terminan en una alianza con la derecha).
Por su parte, el oficialismo debe intentar sumar en un mismo pacto o alianza, además de las dos coaliciones que apoyan al gobierno, a la DC, y eventualmente, a Demócratas (partido en formación). No es una ecuación fácil teniendo a la vista la diversidad y lo exiguo de los cupos.
El debate sobre la nueva constitución no será fácil. Subsisten serias interrogantes acerca de los nuevos derechos sociales garantizados y su obvia tensión con el derecho de propiedad, así como el reemplazo del estado subsidiario por un estado social y democrático de derechos. El tema de las reformas del sistema político y electoral, así como el financiamiento de la actividad política, que apunta a una mayor gobernabilidad del país, evidentemente tensiona a los diversos actores involucrados, que difícilmente aprobarán reformas que los pudieran perjudicar. Las propias normas que permitan perfeccionamientos y reformas a la nueva constitución serán motivo de arduos debates.
Al final, este Acuerdo por Chile deberá ser evaluado por sus resultados. No tan sólo si se aprueba o rechaza la propuesta de nueva constitución, sino también por sus contenidos. En especial, si le abre el camino a los cambios y transformaciones que una mayoría ciudadana demanda. Y eso, está aún por verse.
El destino de las reformas emblemáticas del gobierno
En paralelo al proceso constituyente se juega el destino de las reformas emblemáticas del gobierno-la reforma tributaria, previsional y la esperada reforma a la salud- que, en más de un sentido, están conectadas con el debate constitucional.
Es más que evidente que el país requiere de mayores recursos para atender las urgencias sociales y avanzar hacia un estado social y democrático de derechos. Todo el tema es de donde salen estos nuevos recursos y como se avanza hacia una mayor justicia tributaria, reduciendo la brecha de las desigualdades.
Nunca es un buen momento para subir los impuestos. En particular los directos (los indirectos son más fáciles. Los pagan todos). En momentos de bonanza, no se debe frenar el crecimiento. En momentos de crisis hay que fortalecer la inversión y privilegiar la reactivación económica.
Los grandes empresarios, nacionales y extranjeros, han desplegado un intenso lobby para intentar frenar o morigerar las reformas emblemáticas del gobierno, como quedara en evidencia en la reciente visita del ministro de Hacienda a EE.UU., ante la inquietud de los inversionistas extranjeros por la agenda de reformas. O el intenso lobby desplegado por las administradoras de fondos previsionales en contra de la reforma del sistema de pensiones. Así como la campaña desplegada por las Isapre para su subsistencia.
Uno de los méritos del reciente Acuerdo por Chile es que destrabando el proceso constituyente alivia la incertidumbre, con expectativas en una constitución aprobada por el conjunto de las fuerzas políticas con representación parlamentaria y refrendada por un plebiscito de salida.
Ello debiera contribuir a destrabar las reformas emblemáticas impulsadas por el gobierno, abriendo paso a un nuevo pacto social, que involucre a los diversos sectores políticos y actores sociales, en un contexto de mayor estabilidad y gobernabilidad futura.
Ciertamente subyacen desafíos tan relevantes para nuestra convivencia como el combate al narcotráfico y el crimen organizado. Una amenaza que enfrentan todos los países, desarrollados o en desarrollo, que obliga a los estados a reforzar la seguridad interior del estado, con mayores recursos y nuevas tecnologías, así como una legislación eficaz para reprimir los delitos. Un acuerdo en torno a este tema es imperativo.
En este mismo orden de prioridades, el país enfrenta una ola de inmigración ilegal a través de sus fronteras que resulta imperativo contener y controlar. El despliegue de FF.AA. en las fronteras puede ser una parte de la solución, que no evita la necesidad de buscar una cooperación internacional con los países vecinos.
Se viven tiempos turbulentos en el mundo y nuestra región de los cuales nuestro país no está ajeno. La única manera de enfrentarlos es con mayor unidad y cohesión social. El acuerdo por Chile puede representar un avance, pero está lejos de ser suficiente si no avanzamos en estas otras materias igualmente relevantes. Tal como se reconoce en el mismo acuerdo.