Cumplidos diez meses de iniciado el trabajo de la Convención Constitucional -y tal como advertimos en una columna durante sus primeros meses de instalación-, la praxis de este órgano en el marco de una cultura política desigual, así como su incapacidad absoluta de controlar la agenda pública sobre su trabajo, están poniendo en riesgo el capital democrático obtenido en el plebiscito de octubre 2020, donde 8 de cada 10 votantes se inclinaron por el ‘apruebo’.
Temporal inicial y caos centrífugo
Baste recordar la irregular instalación de la Convención y los tropiezos iniciales por falta de oficinas, insumos precarios y la obligación de operar en dos edificios distintos. A ello se agregó la desidia del anterior Gobierno por producir la ceremonia de juramento de sus miembros, con un millonario evento y transmisión que se dilató por protestas callejeras y la negativa transitoria de algunos constituyentes por sumarse a esta.
A la inmediata incomodidad de los constituyentes de partidos de derecha e independientes afines por carecer del número suficiente de representantes para alcanzar el quorum mínimo de bloqueo de 1/3, sobrevino la rápida fragmentación y ruptura de los miembros de la Lista del Pueblo que puso fin a este conglomerado electoral. Luego, el destape del caso de Rodrigo Rojas Vade, uno de los vicepresidentes electo como parte de esa lista de izquierda e ícono de los enfermos de cáncer en Chile, quien reconoció no tener esta patología y haber mentido en su campaña y en las protestas del estallido social, al verse acorralado por periodistas de La Tercera. Un tema que acrecentó también diferecias entre los distintos bloques de izquierda extra partidos y de las colectividades tradicionales, más la perplejidad del único representante de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, en general distante de todos estos sectores.
Lo anterior se complementó con ataques xenófobos a representantes de pueblos originarios en la Convención, como sucedió con la machi Francisca Linconao a manos de un exejecutivo del Banco Bice, Rafael Hirmas Samur, quien la fotografió durmiendo en vuelo a Temuco y la insultó por Twitter. Le siguieron polémicas sesiones en mapudungún, con el reclamo de constituyentes que preferían usar el castellano como idioma entendido por todos; la salida de madre de Tere Maronovic en una prueba de micrófono -de la que no se retractó-; las denuncias de eventuales contrataciones de asesorías ligadas a parientes; la bullada renuncia de la ex directora de comunicaciones, Lorena Penjean, denunciando no poder trabajar con la nueva mesa directiva; la renuncia del periodista Bernardo de la Maza al bloque de oposición; y, entre otras, las constantes críticas de los convencionales de derecha, amplificadas por la prensa en general y apoyadas por la constante construcción de opiniones de voces expertas, la mayoría de ellas pertenecientes a sectores de élite descontentas con el proceso y con el texto parcial.
Todo un cóctel que el exmandatario uruguayo José Mujica presagiaba al inicio del proceso como el peligro de transformarse en una “bolsa de gatos”.
El proceso no es el producto
La discusión parcial de las normas aprobadas en primera instancia en el pleno se ha comunicado de modo caótico. Tanto por las diferencias al interior de los convencionales, como por representantes clave de la derecha, que en general se presentaron a esta elección con la intención de garantizar que la futura institucionalidad no se aleje del orden social consagrado en la Constitución de 1980 y el rol de un Estado subsidiario. Pero sin tener posibilidad de frenar estos cambios, se han dedicado a usar argumentos de sentido común para direccionar el debate público y predisponer negativamente a la ciudadanía desde los medios de comunicación.
Como contribución gratuita al proceso, sectores ligados al apruebo han presentado algunas iniciativas que escapan a todo principio de racionalidad y pertinencia. Las que, descartadas de plano, igual enlodaron el trabajo convencional introduciendo ruido semántico, como si se estuviera reescribiendo por completo todo símbolo y principio ligado a nuestra historia, identidad y cultura.
Un efecto inmediato de esto es la propagación de fake news atemorizantes en redes sociales, fundamentalmente dirigidas a las clases medias y sectores menos politizados para acrecentar el malestar con el debate y deliberación provisorios. Un fenómeno que sumado al ruido mediático en la prensa convencional ha instalado la idea que el proceso es igual al producto.
El supuesto implícito aquí es que una discusión disparatada y llena de tropiezos solo puede dar forma a un texto caótico que debe ser rechazado mayoritariamente en el plebiscito de salida, programado para el próximo 4 de septiembre.
Hábil jugada política, cuando lo que realmente está en disputa es el diseño de la institucionalidad futura que garantizará el nuevo y necesario pacto social que garantice gobernabilidad y estabilidad por los próximos cincuenta o cien años.
Por eso, vale la pena no perder de vista que el debate del futuro texto aún está en pleno desarrollo, que todavía no existe ninguna norma de redacción definitiva porque cuando todas se aprueben en el pleno, deberán ser sometidas a la Comisión de Armonización, para pulir ripios y conciliar incompatibilidades o incongruencias.
Un proceso que exige a la ciudadanía acrecentar su cultura política y ponerla en juego, tanto en sus actitudes, valores y creencias, más o menos compartidas por todos los miembros de la comunidad que da forma a Chile. Pero principalmente obliga a los periodistas a operar con máximo rigor profesional para no sesgar ni manipular este proceso, plagado de encuestas de dispar calidad, financiamiento e intenciones.