Por Jaime Gazmuri
Académico Universidad de Talca
El informe de Amnistía Internacional fue el primero de la serie de organismos internacionales, tanto privados como pertenecientes al sistema de Naciones Unidas y a la Organización de los Estados Americanos, que han venido a Chile después del 18 de octubre a verificar las numerosas denuncias por atropellos a los Derechos Humanos realizadas por las fuerzas policiales durante todo este periodo, y por las FFAA durante los días en que rigió el Estado de Emergencia. En él se consignan un conjunto significativo de graves violaciones a los Derechos Humanos, particularmente por parte de Carabineros, y se señalan los cuatro homicidios perpetrados por el Ejército (3) y por la Infantería de Marina (1).
En él se consignan un conjunto significativo de graves violaciones a los Derechos Humanos, particularmente por parte de Carabineros, y se señalan los cuatro homicidios perpetrados por el Ejército (3) y por la Infantería de Marina (1).
La reacción del Gobierno fue la de intentar descalificar el rigor y la seriedad del informe. No pudiendo negar la veracidad de las denuncias: uso indiscriminado de la fuerza, particularmente el uso de escopetas con balines que provocaron daños oculares irreparables a más de doscientas personas, tratos degradantes y torturas, acoso sexual, detenciones ilegales y otros, se intentó argumentar que no se podía sostener que las violaciones fueran sistemáticas y que obedecieran al propósito deliberado de atemorizar a la población con el objeto de inhibir la poderosa movilización ciudadana desencadenada en el país.
La débil respuesta del Gobierno no fue sorpresiva. En materia de DDHH ha mantenido una actitud particularmente ambigua. Por una parte, invitó a Chile a la Comisión de DDHH de Naciones Unidas y tardíamente a la Comisión Interamericana. Pero por otra, ha respaldado sistemáticamente la acción de Carabineros y ha sido incapaz de detener sus evidentes y reiterados excesos.
La débil respuesta del Gobierno no fue sorpresiva. En materia de DDHH ha mantenido una actitud particularmente ambigua. Por una parte, invitó a Chile a la Comisión de DDHH de Naciones Unidas y tardíamente a la Comisión Interamericana. Pero por otra, ha respaldado sistemáticamente la acción de Carabineros y ha sido incapaz de detener sus evidentes y reiterados excesos.
Lo que sí ha sido sorprendente es la reacción de la FFAA.
Lo que sí ha sido sorprendente es la reacción de la FFAA. Una declaración de los Departamentos y Dirección de Comunicaciones del Ejército, Armada y Fuerza Aérea de Chile rechaza “categóricamente que habría existido una política de ataques generalizados contra manifestantes”, como señalaba el informe de Amnistía Internacional respecto de Carabineros y las FFAA. Afirma “que no existió ni existe ninguna política de las FFAA para dirigir ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil”. Señala que las denuncias sobre violaciones a los DDHH se tramitan en los Tribunales que son los llamados a establecer responsabilidades y sanciones. Se trata de una declaración cuidadosa. Es plausible que las denuncias contra miembros de las FFAA respondan a hechos gravísimos pero aislados, al contrario de las referidas a Carabineros. El problema es que al referirse a un tema como el de los DDHH, que está en el centro del debate de la sociedad, las FFAA trasgreden la norma constitucional de la no deliberación. Y además lo hacen de conjunto. El comunicado formalmente es suscrito por los Departamentos de Comunicaciones, pero sin duda ha tenido su origen en los máximos mandos. Estamos frente a un episodio más de lo que el Presidente Lagos ha descrito como una crisis de Estado, es decir, una en el que todas sus instituciones están sujetas a máximas tensiones.
El problema es que al referirse a un tema como el de los DDHH, que está en el centro del debate de la sociedad, las FFAA trasgreden la norma constitucional de la no deliberación.
La explicación del Ministro de Defensa de que el “visó” tal declaración solo agrava la situación: su papel no es autorizar las declaraciones políticas de las fuerzas bajo su dependencia, sino impedirlas. Desde los comienzos de la transición democrática no habíamos sido testigos de una intervención política de las tres ramas de la Defensa Nacional. Las de Pinochet, que fueron graves y numerosas, las realizó siempre como Comandante en Jefe del Ejército sin lograr comprometer a las otras ramas.
La explicación del Ministro de Defensa de que el “visó” tal declaración solo agrava la situación: su papel no es autorizar las declaraciones políticas de las fuerzas bajo su dependencia, sino impedirlas.
El más reciente informe de Human Rights Watch, entregado por José Miguel Vivanco, su máximo responsable, es demoledor respecto de la actuación de Carabineros con posterioridad al 18 de octubre. No solo ratifica y amplía las denuncias registradas por Amnistía Internacional: “centenares de preocupantes denuncias de uso excesivo de la fuerza en la calle y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigados y sancionados”. Se reitera la condena al uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antimotines.
El más reciente informe de Human Rights Watch, entregado por José Miguel Vivanco, su máximo responsable, es demoledor respecto de la actuación de Carabineros con posterioridad al 18 de octubre.
La conclusión obvia es que no se está frente a “errores” como ha sostenido el Director General de Carabineros sino a una actuación policial que no cumple los estándares propios de un Estado democrático de derecho. De allí su recomendación de que “las autoridades deben impulsar una reforma policial urgente”.
La conclusión obvia es que no se está frente a “errores” como ha sostenido el Director General de Carabineros sino a una actuación policial que no cumple los estándares propios de un Estado democrático de derecho.
El informe dado a conocer por Vivanco viene confirmar el hecho cada vez más evidente de que la policía uniformada chilena ha demostrado una cultura institucional irrespetuosa de los derechos de los ciudadanos y que, sometida a presiones severas y extenuantes, los viola masivamente. Particularmente grave ha sido la respuesta de sus más altos mandos a las reiteradas denuncias. El Director General Mario Rozas las ha considerado “errores en un rango bastante aceptable”. La autoridad política no ha tenido capacidad de controlar, y menos sancionar ejemplarmente, los excesos policiales. Pero junto a los abusos reiterados, Carabineros ha demostrado una particular ineptitud para cumplir su función de resguardar el orden público. Hemos sido testigos de su ensañamiento con la represión de las manifestaciones pacíficas y su incapacidad para detectar y detener la onda de violencia incontrolada y de vandalismo que ha acompañado a la masiva movilización ciudadana, y que hoy día amenaza severamente no solo el orden público, sino la convivencia y el mismo orden democrático.
La autoridad política no ha tenido capacidad de controlar, y menos sancionar ejemplarmente, los excesos policiales. Pero junto a los abusos reiterados, Carabineros ha demostrado una particular ineptitud para cumplir su función de resguardar el orden público.
La impostergable reforma de la institución policial tendrá que iniciarse en este escenario de aguda crisis. Es una tarea ímproba pero indispensable. Serán necesarios gestos contundentes que permitan comenzar a recuperar la perdida confianza de la ciudadanía en la policía, que garanticen que los atropellos a los Derechos Humanos no serán ni justificados ni tolerados, sino investigados con rigor y prontitud y sancionados.
La impostergable reforma de la institución policial tendrá que iniciarse en este escenario de aguda crisis.
Pero la emergencia de orden público no se superará solo con un mejor desempeño policial. Se requieren dos esfuerzos adicionales.
Ello requiere un gran esfuerzo de diálogo político, tampoco fácil en las circunstancias que se viven, porque hay segmentos importantes de la sociedad, sobre todo entre los más jóvenes, que justifican, toleran y practican algún grado de violencia, vinculada a la demanda social.
El primero, es construir un gran acuerdo nacional para rechazar sin atenuantes la violencia delictual que se ha apoderado de una buena parte de las mayores ciudades del país y que es de naturaleza diferente de la movilización social. Ello requiere un gran esfuerzo de diálogo político, tampoco fácil en las circunstancias que se viven, porque hay segmentos importantes de la sociedad, sobre todo entre los más jóvenes, que justifican, toleran y practican algún grado de violencia, vinculada a la demanda social.
El segundo, y el más importante hoy día, es responder con contundencia a las demandas sociales que están en la base de las inéditas movilizaciones de estas semanas.
El segundo, y el más importante hoy día, es responder con contundencia a las demandas sociales que están en la base de las inéditas movilizaciones de estas semanas. Es urgente construir un gran acuerdo económico-social de corto y mediano plazo que responda a las demandas más inmediatas en materia de pensiones, salud, salarios, transporte y equidad territorial y siente las bases para las reformas más de fondo que permitan construir un Estado de bienestar que asegure a todos los chilenos una vida digna y segura. Las propuestas del Gobierno aprobadas por el Congreso son manifiestamente insuficientes. El país tiene todas las condiciones para para dar pasos significativos en materia de justicia social en el corto plazo. Ello, junto a la rápida implementación del proceso constituyente ya convenido, con los perfeccionamientos que se han planteado, son los dos caminos complementarios, indispensables de transitar, para que la crisis social permita abrir una nueva etapa en la historia de Chile que nos permita superar las insoportables desigualdades que nos acompañan desde el origen de la Nación.
Las propuestas del Gobierno aprobadas por el Congreso son manifiestamente insuficientes.
El tiempo apremia.