No es fácil para Piñera “gobernar con ideas propias”, como le demanda su coalición. Sobre todo cuando no cuenta con una mayoría parlamentaria. Bien lo aprendieron los gobiernos de la Concertación que, por años, tuvieron que cohabitar con mayorías parlamentarias en manos de la derecha, gracias a los famosos “enclaves autoritarios” y los senadores designados, obligándola a adoptar la polémica “política de los consensos” o democracia de los acuerdos que, más que una opción, representaba una necesidad política.
Sebastián Piñera ganó en segunda vuelta presidencial. Pocos recuerdan que, en primera ronda sacó un modesto 37 % de los votos, mientras la oposición dividía su votación entre la DC, la izquierda oficialista, el PRO, El Frente Amplio y la izquierda extraparlamentaria. En la segunda vuelta, el estricto acarreo de jóvenes votantes de familias de derecha, la débil convocatoria de Guillier, con división del electorado DC y un significativo sector de la ciudadanía seducido por la promesa de “Tiempos mejores”, en que el país retomaría la senda del crecimiento económico “impetuoso”, y generación de cientos de miles de empleos de calidad y bien remunerados, condicionó la cómoda victoria de Piñera.
La cesantía no muestras signos de retroceso, se cierran industrias y más bien parece predominar un cierto pesimismo para que la economía chilena pueda retomar índices de crecimiento muy superiores a los actuales. El argumento que ello es consecuencia de factores internacionales, que esgrime ahora el ministro de Hacienda, fue sistemáticamente desacreditada en el pasado por el actual oficialismo.
Al cabo de un año de gestión, las encuestas de opinión revelan una gran frustración de esas desmesuradas expectativas (37 % de aprobación, 48 % de rechazo). Si bien es cierto el crecimiento económico alcanzó un razonable 4 % (una tendencia que se había iniciado en el último trimestre de 2017 y el primero de 2018 y que analistas internacionales describen como rebote más que por causas estructurales), las proyecciones para este año 2019 y 2020, han ido a la baja. La cesantía no muestras signos de retroceso, se cierran industrias y más bien parece predominar un cierto pesimismo para que la economía chilena pueda retomar índices de crecimiento muy superiores a los actuales. El argumento que ello es consecuencia de factores internacionales, que esgrime ahora el ministro de Hacienda, fue sistemáticamente desacreditada en el pasado por el actual oficialismo.
Sin embargo, esta frustración de expectativas no tan sólo alcanza a los ciudadanos sino también a sectores empresariales y no pocos dirigentes de Chile Vamos (más allá del senador Ossandón) que estiman que el gobierno no ha cumplido sus expectativas para impulsar los cambios y viabilizar sus promesas de campaña. Entre otras, la promesa de bajar el impuesto a las empresas, avanzar hacia una mayor flexibilidad laboral e instalar una potente agenda pro crecimiento.
Sin embargo, esta frustración de expectativas no tan sólo alcanza a los ciudadanos sino también a sectores empresariales y no pocos dirigentes de Chile Vamos (más allá del senador Ossandón) que estiman que el gobierno no ha cumplido sus expectativas para impulsar los cambios y viabilizar sus promesas de campaña. Entre otras, la promesa de bajar el impuesto a las empresas, avanzar hacia una mayor flexibilidad laboral e instalar una potente agenda pro crecimiento.
Viabilizar un proyecto de derecha sin mayoría parlamentaria
Probablemente no ha sido por falta de voluntad, por mucho que algunos estimen que el gobierno despilfarró el llamado “período de gracia” para desplegar su agenda más relevante. La dificultad de viabilizar una agenda dura, que incluye rebajas de impuestos para sectores de mayores ingresos, flexibilizar el mercado laboral, fortalecer el sistema de AFPs o derogar la ley de inclusión escolar, representa más de una dificultad cuando no se cuenta con mayoría parlamentaría y los espacios de negociación se encuentran tan acotados.
“No se puede negociar más allá de los límites que desnaturalicen el sentido original de los proyectos” han sostenido las cúpulas empresariales.
La estrategia de intentar dividir a la oposición para construir mayorías circunstanciales, ha demostrado sus límites. La propia obstinación del gobierno de mantener en su cargo al actual subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, involucrado en actos de obstrucción o no debida cooperación en la investigación del asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, ha tensionado sus relaciones con la Democracia Cristiana.
“El gobierno no ha tenido la voluntad de establecer un diálogo sincero con la oposición para llegar a entendimientos en áreas relevantes”, ha sostenido el timonel del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, criticando la escasa flexibilidad demostrada por el Ejecutivo hasta ahora para negociar con los opositores, recogiendo algunas de sus propuestas o puntos de vista
Pero, la verdad es que el gobierno no cuenta con márgenes muy amplios de negociación con la oposición, tal como quedó en evidencia en los intentos por acerca posiciones en torno al proyecto de modernización tributaria, en donde sectores de la Democracia Cristiana habían propuesto subir los impuestos a sectores de mayores ingresos como una fórmula para compensar la menor recaudación tributaria que implica el proyecto del gobierno. Una propuesta rechazada con energía por sectores empresariales y los propios parlamentarios de Chile Vamos, que llevó al gobierno a desistir. “No se puede negociar más allá de los límites que desnaturalicen el sentido original de los proyectos” han sostenido las cúpulas empresariales.
En un régimen tan presidencialista como el actual, el Ejecutivo dispone de un amplio margen de maniobra por la vía administrativa, pero tiene sus límites. Está sujeto a la fiscalización no tan sólo del parlamento sino también de la Contraloría General de la República y no permite “retrotraer” las principales reformas estructurales aprobadas durante la anterior administración, como fuera su promesa de campaña.
En estos días los técnicos designados por la oposición para explorar fórmulas alternativas con los técnicos del gobierno, darán a conocer sus propuestas y la corresponderá al Ejecutivo la decisión de acogerlas, posibilitando la aprobación de la idea de legislar o enfrentar el rechazo.
¿El retorno de los “resquicios legales?
Aquello es válido para la mayoría de los temas que integran la agenda prioritaria del gobierno en este nuevo período legislativo. La propuesta del Frente Amplio de concordar mínimos comunes al interior de la oposición para enfrentar la agenda oficial, que ha encontrado una favorable acogida en el conjunto de la oposición, pone al gobierno en un complejo dilema. Insistir en el camino del diálogo y la búsqueda de acuerdos con aquellos sectores de la oposición disponibles (¿) o asumir que buena parte de su agenda no tiene viabilidad legislativa y optar por el camino insinuado por la vocera del gobierno. La vía administrativa, que no es idéntica a los famosos “resquicios legales” de la UP, pero se parece.
En un régimen tan presidencialista como el actual, el Ejecutivo dispone de un amplio margen de maniobra por la vía administrativa, pero tiene sus límites. Está sujeto a la fiscalización no tan sólo del parlamento sino también de la Contraloría General de la República y no permite “retrotraer” las principales reformas estructurales aprobadas durante la anterior administración, como fuera su promesa de campaña.
Para muchos en la derecha, la ministra Cubillos (hija del ex Canciller de Pinochet durante el régimen militar) es quien mejor representa las ideas de su sector. Militante de la UDI, casada con el senador Andrés Allamand y muy cercana al Presidente, la titular de Hacienda está empeñada en una verdadera cruzada para reformular o desarticular los avances en materia educacional alcanzados en el gobierno anterior.
“Para un sector de la izquierda parece ser ilegal que uno gobierno”, sostenía la ministra de Educación Marcela Cubillos, aludiendo a las numerosas críticas que ha recibido por el intenso lobby desplegado durante el verano a favor de su proyecto “Admisión justa” que pretende reformar la ley de inclusión escolar, usando considerables recursos fiscales.
Para muchos en la derecha, la ministra Cubillos (hija del ex Canciller de Pinochet durante el régimen militar) es quien mejor representa las ideas de su sector. Militante de la UDI, casada con el senador Andrés Allamand y muy cercana al Presidente, la titular de Hacienda está empeñada en una verdadera cruzada para reformular o desarticular los avances en materia educacional alcanzados en el gobierno anterior. Pero, al igual de lo que sucede en otras áreas, la vía administrativa no resuelve la mayoría de los temas.
La ruptura de los consensos en materia de política exterior
La crisis venezolana ha polarizado las opiniones no tan sólo en la región sino en el país a partir del apresurado reconocimiento del gobierno al auto proclamado Presidente encargado Juan Guaidó y el excesivo protagonismo asumido por el Presidente Piñera, que lo llevó a Cúcuta para entregar la modestísima ayuda humanitaria aportada por su gobierno y participar en el abortado intento por ingresarla a Venezuela.
Y pese a que los países que integran el llamado Acuerdo de Lima, con la distancia de México y Uruguay, han rechazado explícitamente la alternativa de una intervención armada en ese país, que tanto el gobierno norteamericano como el propio Guaidó no descartan, es más que evidente ese riesgo muy latente. Sobre todo si Nicolás Maduro y su gobierno mantienen la negativa a concordar una solución negociada, que inevitablemente pasaría por dejar el gobierno y posibilitar elecciones libres y democráticas, bajo supervisión externa, como demanda la comunidad internacional.
Chile, al igual que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos que se han alineado junto a Guaidó, han cancelado su opción de jugar un rol más activo en la búsqueda de una salida política a la crisis venezolana y no han marcado suficientes distancias con la agresiva política del gobierno de Donald Trump en contra no tan sólo del régimen venezolano sino con los demás países con gobiernos izquierdistas, como Cuba y Nicaragua, que según Donald Trump integran una “troika tiránica”, que se retroalimentaría entre sí.
El propio esfuerzo por reemplazar UNASUR (largamente paralizado por desacuerdos entre sus integrantes) por una nueva organización regional – PROSUR- agrupada tras la defensa de la democracia y los derechos humanos (y el libre mercado ha agregado Iván Duque), impulsado con fuerza y de manera inconsulta por Sebastián Piñera, con un gran despliegue político y diplomático en estos últimos días, aparece como el retorno a los antiguos alineamientos ideológicos propios de la guerra fría – que el gobierno de Trump intenta resucitar en la región – sin contar con un necesario y básico consenso interno en nuestro país.
El propio esfuerzo por reemplazar UNASUR (largamente paralizado por desacuerdos entre sus integrantes) por una nueva organización regional – PROSUR- agrupada tras la defensa de la democracia y los derechos humanos (y el libre mercado ha agregado Iván Duque), impulsada con fuerza y de manera inconsulta por Sebastián Piñera, con un gran despliegue político y diplomático en estos últimos días, aparece como el retorno a los antiguos alineamientos ideológicos propios de la guerra fría – que el gobierno de Trump intenta resucitar en la región – sin contar con un necesario y básico consenso interno en nuestro país.
Como también divide fuertemente las opiniones la decisión del actual gobierno de no suscribir el pacto medio ambiental y de migraciones suscrito por la mayoría de los países que integran la Organización de Naciones Unidas. A los que podría sumarse el rechazo del protocolo de la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer” que, en opinión del gobierno, podría implicar ceder soberanía. El mismo argumento para no suscribir los pactos anteriores.
El tema no deja de ser complejo para un país que tradicionalmente ha asumido que la política exterior debe ser de Estado, cuya conducción corresponde al Mandatario, con consulta al conjunto de los actores sociales y políticos.
El tema no deja de ser complejo para un país que tradicionalmente ha asumido que la política exterior debe ser de Estado, cuya conducción corresponde al Mandatario, con consulta al conjunto de los actores sociales y políticos.
El segundo tiempo del gobierno con la mirada puesta en su proyección futura
“Vienen desafíos electorales y para eso debemos estar preparados; elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales, cores y la elección parlamentaria y presidencial” les señaló Piñera a sus partidarios reunidos para conmemorar el primer año de gobierno. Quizás ello represente un intento por huir al futuro y muy probablemente como la mejor fórmula para mantener la unidad y cohesión de su coalición en este año decisivo en donde el gobierno se juega su surte y muy probablemente la de su coalición. Su primer gobierno se constituyó en un paréntesis entre gobiernos de signo progresistas y esta vez Piñera apunta a inaugura un verdadero ciclo de gobiernos de derecha en el país. Y para ello debe conquistar una mayoría social y política que aún no tiene y que tan sólo logrará conquistar si su gobierno tiene éxito. Y aún aquello depende de los parámetros con que se mida.
Se vuelve a repetir que este 2019 es un año decisivo. No tan sólo para el gobierno sino también para la oposición.