Según todos los diagnósticos uno con graves problemas. La encuesta Bicentenario de la Universidad Católica, recientemente publicada, registra un país dominado por el pesimismo, fuertes conflictos sociales y una crisis de confianza en las instituciones.
Con un fuerte deterioro de las expectativas, especialmente de los sectores medios. Con importantes conflictos internos, algunos históricos (ricos y pobres, empresarios y trabajadores, generacionales, etc.) y candentes, como en la Araucanía y con la inmigración.
Un país en donde la violencia tiende a naturalizarse y un alto porcentaje de la población tiende a validarla como instrumento de acción política. Con una profunda crisis de confianza en las instituciones y los partidos políticos. Y todo pareciendo apuntar a un escenario de una fuerte polarización.
A ello debería sumarse la pesada herencia que deja el actual gobierno. Con una pandemia que inicia una agresiva cuarta ola, que nuevamente pondrá en tensión a los servicios sanitarios e incrementará las largas listas de espera por atenciones en salud.
Con graves consecuencias económico – sociales (pérdidas en torno a los 28.000 millones de dólares de los ingresos de la población, rezago en la recuperación de los empleos, especialmente en mujeres y jóvenes), rebrote inflacionario, alto endeudamiento y bajas proyecciones de crecimiento en los próximos años.
Todo ello en el cuadro de una gran dispersión política. Con un empate catastrófico en el próximo parlamento y un desafío mayor para la gobernabilidad futura del país.
El triunfo de la esperanza
Pero, tal como lo afirmara el presidente electo al ganar la segunda vuelta, triunfó la esperanza sobre el miedo. Una muy amplia y plural mayoría depositó su confianza en una nueva generación. En específico en Gabriel Boric, uno de los lideres más lúcidos de su generación, que no tan sólo fue capaz de interpretar adecuadamente las claves de la primera vuelta, dar un giro a su campaña, impulsar un proceso de convergencia programática con las otras candidaturas progresistas, recibir el apoyo no condicionado de los partidos de la centro izquierda y poner al frente de su campaña de segunda vuelta a la doctora Izquia Siches, poniendo el énfasis en el despliegue territorial, con un mensaje de esperanza en el futuro del país.
No hay que idealizar los nuevos liderazgos, como lo ha reafirmado el propio Boric. Ni pensar que el nuevo ciclo político que se inicia con su próximo gobierno parte de cero y que es necesario refundar el país. O cifrar expectativas desmesuradas en el proceso constituyente, pensando que una nueva constitución permitirá resolver todos y cada uno de los problemas que hoy enfrenta el país. Y menos intentar minimizar los enormes desafíos que se enfrentan de cara al futuro.
Una nueva constitución y nuevo pacto social
El gobierno que asume el próximo 11 de marzo enfrenta complejos y múltiples desafíos. Probablemente el mas relevantes es probar su liderazgo en un proceso de cambios estructurales, asegurando el crecimiento, el orden y la estabilidad. De manera necesariamente gradual, buscando el camino del diálogo y los consensos mas amplios que se puedan construir con actores políticos y sociales.
El país necesita una nueva constitución que avance hacia un estado democrático y social de derechos, renovando las confianzas en las instituciones y la política, severamente afectadas. Abriendo nuevos cauces a la participación social. Combatiendo la violencia, el narco tráfico y el crimen organizado, asumiendo la democracia como el espacio y límite de la acción política. Y, por cierto, avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo, más inclusivo, sustentable y sostenible, que asegure el crecimiento, acorte la brecha de las desigualdades y termine con los abusos y las discriminaciones.
Ello requiere de un nuevo pacto social. Un pacto que comprometa a los diversos actores sociales y políticos en torno a los grandes objetivos que se plantea el país de cara al futuro. Con la llegada del nuevo gobierno, se inicia un nuevo ciclo político que no tan sólo debe dar cuenta de los cambios y transformaciones experimentadas por nuestro país en las últimas décadas, sino también de las demandas ciudadana y los nuevos desafíos que enfrenta nuestro país de cara al siglo 21.
En los próximos días, el presidente electo dará a conocer no tan sólo la composición de su nuevo gabinete sino también de la manera como busca ampliar la base de sustentación política de su gobierno y el tipo de relación que busca establecer con la política y la sociedad. Y ello bien pudiera marcar la suerte del próximo gobierno.
Tan relevante como lo anterior, es la marcha del proceso constituyente, que entra en su fase decisiva, en donde debe definir sus propuestas de contendidos de una nueva constitución. La elección de una nueva directiva, que aún no culmina por dificultades en la derecha, asume una gran responsabilidad de llevar a buen puerto su misión de proponerles a los chilenos una nueva constitución, que deberá ser ratificada en un plebiscito de salida.
Los plazos están muy acotados y pese a que los convencionales han expresado su convicción en que lograrán su cometido en los plazos establecidos, lo más relevante es que establezcan los consensos mayoritarios para esta nueva constitución como la casa de todos. Asumiendo los costos para el país de un fracaso en este empeño.
Hay buenas razones para abrigar el optimismo. Pese a las dificultades en el proceso de instalación, dificultades en la comunicación y escasa colaboración- en el límite del boicot- del gobierno, la convención logró avanzar en su reglamento y un intenso trabajo de las muy diferentes comisiones, con el rol decisivo jugado por la presidenta saliente, Elisa Loncón y de su vicepresidente, Jaime Bassa, en esta primera etapa. Se consolida hoy la confianza en la nueva directiva para impulsar esta fase decisiva hasta que la nueva carta magna ratificada por una gran mayoría ciudadana, como la que aprobó el inicio del proceso constituyente.
Sería un gran y decisivo logro para el país conducido desde el próximo 11 de marzo por el Presidente Gabriel Boric.