Por Jaime Esponda Fernández.
1.- Aumento de la inmigración.
Luego de la oleada inmigratoria de nacionales de Haití, entre 2017 y 2018, que al concluir este último año alcanzaban 223.923 personas, en 2019 el flujo no solo se detuvo, sino que esa población se redujo a 185.865 personas[1], debido a la decisión gubernamental que implantó la exigencia de solicitud de visa de turismo en el consulado chileno en Haití y la oferta de retorno financiado, a cambio de la renuncia a volver a Chile por nueve años. Sin embargo, estas medidas que el Gobierno fundamentó con críticas a la Administración Bachelet y que, a su vez, generaron acusaciones de racismo y discriminación desde la oposición, no impidieron que, a la par, desde 2018, por razones políticas, el Ejecutivo abriese las puertas a quienes huían de Venezuela, mediante la visa de responsabilidad democrática, lo cual permitió que, en dos años, alcanzaran el primer lugar entre el total de inmigrantes, con 455.494 personas, es decir, sobre el treinta por ciento de los extranjeros.
De modo que, bajo el actual Gobierno, a pesar de la visión crítica de sus partidarios más ideologizados hacia la migración en general, la población migrante aumentó de un total de 1.119.267 personas al 31 de diciembre de 2017[2], a 1.492.522 al 31 de diciembre de 2019[3]. Aunque en 2018 se mantuvieron flujos desde Perú, Colombia y Bolivia, es verificable que el importante incremento total se relaciona directamente con la inmigración venezolana, que en 2019 creció en un 57,6%, en comparación con el año precedente.
el importante incremento total se relaciona directamente con la inmigración venezolana
Junto a las dispares medidas relacionadas con los inmigrantes haitianos y venezolanos, el Gobierno impulsó un proceso de regularización migratoria extraordinaria, al que se sometieron más de ciento cincuenta mil extranjeros, de los cuales 131.399 normalizaron su situación, mientras 6.318 solicitudes fueron rechazadas[4], por la existencia de antecedentes penales o faltas documentales. Aunque estas cifras revelan que, gracias al proceso de regularización, la población migrante en situación irregular descendió notablemente, ello no quiere decir que tal proceso haya logrado la extinción total de la informalidad, puesto que un 15% de los postulantes no fueron regularizados, una cantidad indeterminada, por temor o cálculo de diversa naturaleza, se abstuvo de realizar el trámite y, además, otra porción no concluyó el proceso con el estampado de la visa. Actualmente, si bien se puede sostener que hay muchos menos inmigrantes en situación irregular, lo cual atenúa sus perniciosos efectos -el peor enemigo de un extranjero- dimensionar con relativa precisión la cantidad de personas que se mantienen en tal situación demanda un ejercicio especulativo.
Es en tal contexto que el Gobierno se resta, al igual que el Brasil de Bolsonaro, de suscribir el Pacto Mundial para la Migración segura, ordenada y regular, el hito de cooperación internacional más importante del Siglo XXI en materia migratoria.
Es en tal contexto que el Gobierno se resta, al igual que el Brasil de Bolsonaro, de suscribir el Pacto Mundial para la Migración segura, ordenada y regular, el hito de cooperación internacional más importante del Siglo XXI en materia migratoria.
Sin duda, la iniciativa más trascendental del Ejecutivo ha sido el reimpulso, con modificaciones, de su antiguo proyecto de Ley, que fue acompañado de la acusación al Gobierno anterior de haber carecido de una política migratoria y de iniciativa legislativa. Sin embargo, tampoco podría sostenerse que las medidas gubernamentales adoptadas por la actual Administración constituyen, per se, una política de Estado en forma, que solo será posible si se logra un acuerdo amplio, en el Congreso de la República, sobre el aspecto central de tal política –su carácter abierto o restrictivo- que es el que subyace en el debate sobre el proyecto de Ley.
2.- Caída de la inmigración.
Es a partir del segundo semestre del año 2019 que se produce un importante descenso de los flujos migratorios, incluso del venezolano, lo cual no es ya atribuible a las políticas gubernamentales hacia los haitianos sino, a lo menos hasta el mes de octubre, a una disminución de las expectativas de empleo, debido en gran parte a lo que narran los residentes en Chile a sus familiares y amistades de los países de origen, sobre su experiencia en el país.
Es a partir del segundo semestre del año 2019 que se produce un importante descenso de los flujos migratorios, incluso del venezolano.
Lo anterior, sumado a los efectos del estallido social sobre la población migrante en trabajos informales y en el comercio minorista, redujo el flujo migratorio desde 432.762 personas en 2018, a 314.815 personas en 2019, y explica el retorno a sus países de más de 63.000 venezolanos y 26.000 bolivianos. El Director de Extranjería informó que, en los últimos cuatro meses del año pasado, las solicitudes de visas laborales cayeron en un 85%[5].
El Director de Extranjería informó que, en los últimos cuatro meses del año pasado, las solicitudes de visas laborales cayeron en un 85%
Hoy, a los señalados efectos de un estallido social que cambió la apreciación internacional de Chile como país en situación de paz social y estabilidad, se agrega el feroz impacto de la pandemia que, tal como ocurre a otros tantos chilenas y chilenos, afecta principalmente a trabajadores y trabajadoras migrantes del mercado informal, que ya no pueden llevar el alimento a sus hijos, viven en condiciones habitacionales peligrosas o han quedado en situación de calle. Debido a que la inmigración supone un pedregoso proceso de inserción, es evidente que para enfrentar las exigencias del COVID-19 y acceder informadamente a prestaciones sociales las dificultades de esta población son muy acentuadas, especialmente para quienes aún se encuentran en situación irregular o en proceso de regularización.
afecta principalmente a trabajadores y trabajadoras migrantes del mercado informal, que ya no pueden llevar el alimento a sus hijos, viven en condiciones habitacionales peligrosas o han quedado en situación de calle.
Expresiones diarias de esta realidad han sido las familias venezolanas, bolivianas y peruanas esperando frente a los consulados para retornar a sus países, donde al menos cuentan con redes familiares y amicales. Ello explica también que el Instituto Chileno Católico de Migración (INCAMI) esté reuniendo fondos para apoyar a familias extranjeras que han perdido su fuente laboral, debido al coronavirus, y cuyas vulnerables condiciones de subsistencia hacen que el confinamiento en Chile sea mucho más penoso que si lo tuviesen que cumplir cerca de sus familiares y amigos, en su propio país.
Expresiones diarias de esta realidad han sido las familias venezolanas, bolivianas y peruanas esperando frente a los consulados para retornar a sus países, donde al menos cuentan con redes familiares y amicales.
Considerando estudios serios y de insospechada tendencia política, los migrantes en situación de vulnerabilidad representarían entre un 15% y un 24,6% del total de la población extranjera[6]. Desde luego, sería incorrecto desprender del diagnóstico precedente que este grupo indefenso requeriría una política de “privilegios”, lo cual importaría una discriminación odiosa respecto a los millones de chilenos que sufren la cesantía, la pérdida de ingresos y hasta el hambre, pero es evidente que las condiciones particulares de estas familias signadas por su historia de asentamiento, trámites burocráticos, reconocimiento del país, generación de nuevas redes, etc. obligan a que, sin establecer políticas ad hoc, se aplique un “enfoque migratorio” a su atención e inclusión, tal como ocurre, por ejemplo, en los ámbitos de género y etnia, en lo cual los municipios pueden cumplir un rol relevante.
los migrantes en situación de vulnerabilidad representarían entre un 15% y un 24,6% del total de la población extranjera.
Finalmente, constituye un error que el debate del
proyecto de una Ley de Migraciones destinada a tener vigencia permanente, para
tiempos relativamente normales, se confunda con la discusión sobre la respuesta
a la dramática coyuntura actual, que afecta a los migrantes vulnerables a raíz
de la pandemia. Es, por tanto, urgente que, separando ambos temas, el segundo se
incorpore en el necesario acuerdo sobre la respuesta a la catástrofe que, por
cuerda separada, debiesen alcanzar Gobierno y oposición.
[1] INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE) DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN (DEM) Marzo / 2020
[2] Estimación y caracterización de residentes migrantes en Chile al 31 de diciembre de 2017. Sección Estudios DEM; 2017.
[3] INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE) DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN (DEM) Marzo / 2020
[4] https://www.extranjeria.gob.cl/noticias/baja-de-migrantes-que-ingresan-a-nuestro-pais-comenzo-desde-mayo-de-2019. Leído el 17.5.2020.
[6] Aninat, Isabel y Rodrigo Vergara (editores) Inmigración en Chile. Una mirada multidimensional, Santiago de Chile: FCE, CEP, 2019
“ENCUESTA CASEN 2017: RADIOGRAFÍA A LA INMIGRACIÓN EN CHILE”. TEMAS PÚBLICOS. ww.lyd.org Nº 1384 – 1 4 de enero de 2019 ISSN 0717-1528