Evo Morales y su gobierno se identificaban con la llamada Alianza Bolivariana para los Pueblos (ALBA), inspirada por Hugo Chávez, que originalmente agrupaba a Venezuela, Ecuador, Cuba, Nicaragua, además de otros países caribeños, que se identificaban con los ideales del socialismo del siglo 21, por más matices y diferencias que existieran entre ellos.
Pero, a diferencia de los otros países que aplicaron políticas populistas que, en su gran mayoría, han terminado en el más profundo de los fracasos, Bolivia implementó una política económica responsable, respetuosa de los equilibrios macroeconómicos, y de convivencia con el empresariado nacional, que le permitió crecer sostenidamente en los últimos 14 años, con gran estabilidad política y razonable paz social.
Bolivia implementó una política económica responsable, respetuosa de los equilibrios macroeconómicos, y de convivencia con el empresariado nacional, que le permitió crecer sostenidamente en los últimos 14 años, con gran estabilidad política y razonable paz social.
El problema es que el líder indigenista, que fundara el Estado plurinacional, terminó por asumirse como imprescindible, aspirando a eternizarse en el poder. Ya su tercera reelección consecutiva, alegando que en verdad era la segunda con la nueva Constitución, se prestó para más de una polémica. Su cuarto intento, luego de perder un referéndum constitucional que lo inhabilitaba para postularse nuevamente, fue simplemente impresentable.
El problema es que el líder indigenista, que fundara el Estado plurinacional, terminó por asumirse como imprescindible, aspirando a eternizarse en el poder.
La resolución del Tribunal Constitucional, controlado por el gobierno, que habilitaba su nueva postulación aduciendo que la norma constitucional que lo impedía violaba sus derechos, fue interpretada por la oposición como una ruptura del Estado de derecho.
Pese a esto y la virulenta campaña desatada por la oposición en contra de su postulación, Evo Morales se impuso en la primera vuelta a Carlos Mesa, su principal contendor, por un margen que no se puede precisar. Sobre todo después de que la misión de observación electoral de la OEA, luego de una auditoria al recuento de votos, detectara irregularidades y se negara a validar los resultados oficiales que daban al Presidente en ejercicio, una ventaja de más de diez puntos de diferencia, necesarios para asegurar su victoria en primera ronda.
Y pese a que el Presidente Morales aceptara los resultados de la auditoría, destituyera a los integrantes del Tribunal electoral y convocara a nuevas elecciones, llamando al diálogo a la oposición, la suerte estaba echada, tal como lo denunciara el propio mandatario.
Y pese a que el Presidente Morales aceptara los resultados de la auditoría, destituyera a los integrantes del Tribunal electoral y convocara a nuevas elecciones, llamando al diálogo a la oposición, la suerte estaba echada, tal como lo denunciara el propio mandatario. En medio de múltiples y violentas protestas, la negativa de la oposición a cualquier diálogo y negociación, además del “acuartelamiento” de la policía, se escuchó la “sugerencia” del comandante en Jefe del Ejercito instando al Presidente a renunciar. Lo más parecido a un golpe de Estado, por mucho que la oposición se esfuerce en negarlo.
Lo más parecido a un golpe de Estado, por mucho que la oposición se esfuerce en negarlo.
Evo Morales optó por el camino del exilio, para “salvar su vida” y evitar mayores confrontaciones y violencia en el país. Renunció el vicepresidente, el Presidente del Senado y la Cámara de Diputados, el Jefe de la policía, los ministros y altos funcionarios (varios de los cuales han solicitado refugio en embajadas), generando un vacío institucional. Hoy Bolivia busca afanosamente una salida institucional a la crisis, con el grave riesgo de caer en el desgobierno y la inestabilidad política que ha marcado buena parte de su historia.
Hoy Bolivia busca afanosamente una salida institucional a la crisis, con el grave riesgo de caer en el desgobierno y la inestabilidad política que ha marcado buena parte de su historia.
En busca de una salida institucional
La segunda vicepresidenta del Senado, la opositora Jeanine Añez a quien, en rigor, le correspondería constitucionalmente asumir el poder en la línea de sucesión institucional, se ha mostrado dispuesta, con el principal objetivo de convocar a nuevas elecciones en el plazo de 90 días.
Según una interpretación constitucional bastante controvertida “en la alternativa que el parlamento no procediera a designar la sucesión, o no tuviera quórum para hacerlo, tal como ha sucedido por la negativa de los parlamentarios del MAS a participar por falta de garantías, la minoría parlamentaria decidió nominar Jeanine Añez como presidenta interina, para evitar el vacío de poder, asegurar la seguridad y paz social del país y convocar a nuevas elecciones”. Pero es más que evidente que ello implica graves riesgos para la estabilidad y pacificación en el país.
Nadie sabe que puede suceder en dichas elecciones. La oposición está fuertemente dividida entre la derecha más dura, representada por el líder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, uno de los principales impulsores de las protestas en contra del gobierno, y el centrista candidato presidencial, Carlos Mesa, pasando por toda la gama de sectores de derecha o centro derecha, que disputan la hegemonía opositora.
En este convulsionada e incierto escenario, es más que dudoso que Carlos Mesa, que ha protagonizado duros enfrentamientos con Camacho, pueda erigirse como candidato de consenso para ser elegido nuevo presidente.
En este convulsionada e incierto escenario, es más que dudoso que Carlos Mesa, que ha protagonizado duros enfrentamientos con Camacho, pueda erigirse como candidato de consenso para ser elegido nuevo presidente.
La duda es que pasará con el Movimiento al Socialismo (MAS), la agrupación política mayoritaria, que domina ambas cámaras legislativas y que ha perdido a su líder natural. Luis Fernando Camacho ha demandado que se quite la representación parlamentaria a todos los militantes del MAS lo cual implicaría cerrar el Congreso o ilegitimar sus resoluciones, contraviniendo las orientaciones de la OEA, que rechazan toda salida extrainstitucional.
Luis Fernando Camacho ha demandado que se quite la representación parlamentaria a todos los militantes del MAS lo cual implicaría cerrar el Congreso o ilegitimar sus resoluciones, contraviniendo las orientaciones de la OEA, que rechazan toda salida extrainstitucional.
Es evidente que se ha quebrantado la institucionalidad. La quebrantó Morales al desconocer el resultado adverso en el referéndum y levantar nuevamente su candidatura. Se quebrantó con las irregularidades registradas durante el proceso electoral, según lo consigan la auditoría de la OEA. Se terminó por quebrantar con la “sugerencia” del comandante en jefe de las FF.AA. para que Evo Morales dejara su cargo antes de cumplir su tercer mandato constitucional. Y todo parece apuntar a que nuevamente Bolivia enfrenta un proceso de profunda inestabilidad política y convulsión social, no exenta de violencia. Un proceso rodeado de profunda incertidumbre.
Se terminó por quebrantar con la “sugerencia” del comandante en jefe de las FF.AA. para que Evo Morales dejara su cargo antes de cumplir su tercer mandato constitucional.
Donald Trump celebra, López Obrador y Alberto Fernández condenan. Al igual que el ALBA. El gobierno chileno guarda silencio
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Donald Trump celebró el pronunciamiento de las FF.AA. bolivianas “en defensa de la democracia”, señalando que “estos acontecimientos lanzan una señal muy fuerte a los regímenes ilegítimos en Venezuela y Nicaragua de que la democracia y la voluntad del pueblo siempre prevalecerán”.
Tanto el gobierno mexicano, como el recién electo en Argentina no han dudado en calificar lo ocurrido en Bolivia como un golpe de Estado, que han condenado en duros términos, al igual que lo han hecho los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que han perdido a uno de sus más importantes aliados y que ven aún más debilitada la maltrecha alianza bolivariana.
Por su parte, el gobierno chileno ha guardado prudente silencio respecto de la crisis institucional que enfrenta el país vecino, preocupado por la propia crisis y un posible riesgo de contagio. No son pocos los que en Chile exigen la renuncia del Presidente.
Por su parte, el gobierno chileno ha guardado prudente silencio respecto de la crisis institucional que enfrenta el país vecino, preocupado por la propia crisis y un posible riesgo de contagio. No son pocos los que en Chile exigen la renuncia del Presidente.