El Senado no estuvo a la altura de sus responsabilidades al rechazar, por segunda vez, la propuesta del mandatario para llenar el cargo de fiscal nacional. Antes de conocer la exposición de la candidata propuesta por el gobierno – brillante según varios senadores – la UDI había anunciado que la votaría en contra por razones meramente políticas. Marta Herrera fue sometida a una agresiva ronda de interrogaciones, durante más de seis horas, que más se pareció a una inquisitoria. Respondió de manera solvente y clara, pese a lo cual, por amplia mayoría (4 a1) la comisión de constitución resolvió que no reunía las competencias e idoneidad para desempeñar el cargo, subsistiendo más de una duda acerca de las facultades constitucionales, legales o reglamentarias para ese veredicto.
El debate posterior en la sala, en donde varios senadores entregaron sólidos argumentos en su favor, resultó estéril. No sólo la inmensa mayoría de honorables de la derecha había decidido votar en contra, también algunos independientes y otros declarados oficialistas. Las razones no son claras. Algunos le imputaban representar el continuismo del ex fiscal nacional, Jorge Abbott (cuya gestión admite más de una controversia). Otros la vincularon con el oficialismo, sin mayores bases. Pero difícilmente pueden cuestionar sus antecedentes profesionales y académicos, o su dilatada trayectoria en el ministerio público. Y menos su propuesta para una futura gestión.
Marta Herrera no alcanzó la nominación por razones meramente políticas. Y de la política pequeña. Viejas cuentas de la derecha y de algunos otros sectores por temas controversiales que rasparon incomodidades en algunos de los honorables, como el financiamiento irregular de la política (Penta, Soquimich y otros), episodios de corrupción (el de Javiera Blanco, entre ellos) y problemas propios de la debilidad estructural del sistema público.
Antes se rechazó la propuesta de José Morales, no necesariamente preferido del gobierno, sino más bien avalado por la alta votación en la quina propuesta por la Corte Suprema, junto al abogado Ángel Valencia. Nadie puede sostener que Morales representaba el continuismo con el anterior fiscal nacional, con el que mantuvo públicas diferencias. Como tampoco se puede negar su destacada trayectoria en el ministerio público, pese a la cual no alcanzó el quorum necesario para su nominación. También, en buena medida, por razones políticas y disensiones al interior del propio oficialismo.
Este doble rechazo, más que interpretarlo como una derrota del gobierno, una supuesta incapacidad de la ministra de Justicia o del equipo político de La Moneda, devela los problemas del mecanismo de designación establecido, así como los efectos de politizar en el área chica una decisión que debiera ser asumida con una responsabilidad de estado.
Es más que evidente que lo sucedido tiende a debilitar aún más al ministerio público, que necesita de urgentes reformas. Qué duda cabe. Pero, sobre todo, requiere ser reforzado y modernizado para cumplir adecuadamente su función, que no es prevenir los delitos sino perseguirlos y buscar castigos a los delincuentes. Claramente la actual dotación de fiscales es insuficiente para llevar las causas e investigar adecuadamente los delitos. Y resulta indispensable una mayor especialización en temas tan sensibles como los delitos económicos, el crimen organizado, el narco tráfico o la inmigración ilegal.
El proceso de designación debe continuar, como lo estipula la ley. Hasta que una mayoría del senado apruebe la propuesta del presidente. Subsiste la incógnita acerca de si la Corte Suprema añadirá un nuevo nombre a la quina propuesta o elaborará una nueva. Lo que no parece razonable es que el ejecutivo deba negociar previamente con la oposición y los díscolos del oficialismo un nombre que genere el consenso. O aceptar un candidato del gusto de la oposición. El fiscal nacional no es un cargo político o, al menos, no debiera serlo. Y el senado tiene la obligación de juzgar al candidato según sus méritos profesionales y académicos y no por sus supuestas orientaciones políticas o ideológicas. No ha sido el caso en las dos propuestas rechazadas.
¿El nuevo proceso constituyente?
En consonancia con el acuerdo suscrito por un amplio arco de partidos políticos, el gobierno ha ingresado a trámite parlamentario la reforma constitucional que habilita el nuevo proceso constituyente. Diversos sectores han expresado críticas y reparos a sus términos, aspirando a introducirle modificaciones durante su tramitación parlamentaria.
Se puede discutir hasta el infinito las bondades o limitaciones del acuerdo y su legitimidad democrática, pero subsiste el hecho que es el acuerdo al que llegaron los diversos sectores políticos tras un extenuante proceso de deliberaciones, en donde todas las partes tuvieron que ceder. Un acuerdo que genera resistencias entre quienes no lo suscribieron y también en sectores de la derecha y el oficialismo que sí concurrieron con su firma.
Sin embargo, tanto el gobierno como los partidos que lo suscribieran, entienden el acuerdo como vinculante y es más que evidente que cualquier intento de modificaciones sustantivas implica el riesgo de su fracaso, independientemente de que pueda ser objeto de algunas precisiones o perfeccionamientos.
Tal como afirmara la ex convencional Bárbara Sepúlveda no es un acuerdo perfecto, pero difícilmente se podría haber arribado a uno mejor teniendo a la vista el fracaso del proceso anterior y las importantes diferencias entre el oficialismo y la oposición en torno al proceso constituyente. Todo aquello sin mencionar a sectores que se restaron abiertamente a las negociaciones y los díscolos e independientes, que no se sienten representados por el acuerdo.
Ahora se trata de designar un grupo de expertos por parte del parlamento, 12 por la cámara de diputados y 12 por el senado, con suficientes calificaciones y condiciones personales, que aseguren que actuaran en esa calidad y no como meros representantes de los diversos partidos o coaliciones, para redactar una primera propuesta que recoja un largo debate y no poca acumulación sobre la materia, incluido el aporte de la anterior convención, las propuestas de diversos centros de pensamiento, el propio proceso impulsado por el gobierno de Michelle Bachelet y las propuestas de diversos sectores sociales y políticos.
La elección de 50 consejeros (as) constituyentes, representa todo un desafío para los diversos sectores en el fragmentado escenario partidista del país, incluyendo independientes, que evidentemente no serán neutrales y estarán marcados por algún sesgo político o ideológico. Ellos constituyen el órgano deliberativo y resolutivo, que deberá sancionar una propuesta de nueva constitución, que finalmente deberá ser aprobado por los 4/7 del parlamento, para ser sometida a un plebiscito ratificatorio.
Sin lugar a dudas es un proceso constreñido y tutelado, donde la derecha ha buscado todo tipo de garantías para no repetir la traumática experiencia anterior, en donde no tuvieron derecho a veto y fueron avasallados por los dos tercios de la convención. Y para el progresismo está abierta la interrogante de alcanzar una constitución mejor que la actual.
Con todo, el acuerdo permite destrabar el proceso constituyente y abrigar la esperanza de que la nueva constitución supere algunos de los sesgos autoritarios y conservadores de la actual. No es un desafío menor y son poderosos los intereses en juego. ¿Cuánto se puede aspirar a una nueva distribución del poder y a un estado, social y democrático de derechos, como se establece en las bases o principios constitucionales acordados? ¿Cuánto riesgo a quedarse en la simple retórica, sin disposiciones que le den sustantividad?
El futuro de las reformas emblemáticas del gobierno
En paralelo al proceso constituyente, el gobierno ha venido desplegando la agenda de reformas comprometidas en su programa, acentuando un nuevo énfasis en el desafío de la seguridad ciudadana. Una demanda prioritaria, según muestran todas las encuestas.
En esa perspectiva La Moneda ha anunciado un nuevo plan de combate a la delincuencia y el crimen organizado, que incluye el reforzamiento de los servicios policiales, nuevos recursos, mayor especialización y medidas para enfrentar los delitos de mayor connotación. A ello se suma el acuerdo en torno a la seguridad ciudadana que se ha venido trabajando con los diversos sectores políticos, que se espera materializar en los próximos días o semanas.
Sin embargo, la tramitación de las reformas tributaria y previsional suman fuertes resistencias de sectores empresariales, tanto nacionales como extranjeros, que despliegan intensas campañas mediáticas en defensa de sus intereses. Es el caso de las AFP, que insisten en mantener el monopolio de la administración de los fondos previsionales de los afiliados y se oponen a un sistema mixto que incorpore el pilar solidario.
El desafío también es mayor para la indispensable reforma del sistema de salud. Las Isapres atraviesan por una severa crisis por los impedimentos legales de subir los planes de salud de acuerdo a sus propios parámetros, insinuando que se encuentran al borde de un colapso, que aparece indispensable prevenir.
Un sistema universal de salud pública requiere de un importante reforzamiento de los servicios, que permita absorber una mayor demanda. Todo aquello sin considerar las extensas listas de espera generadas durante la pandemia.
Asignaturas mayores en el contexto de una desafiante reactivación económica y protección de los sectores más vulnerables, que son los principales afectados por el ajuste y la alta inflación, especialmente de la canasta básica de los alimentos que supera ampliamente el índice promedio.
Son reformas urgentes y necesarias, que requieren acuerdos amplios, no tan sólo de los actores políticos sino también sociales. La suerte de ellas se juega en el parlamento y también frente a la opinión pública, que requiere de una adecuada información sobre los alcances del proyecto de reforma del sistema previsional y sus potenciales beneficios, como de espacios para una activa participación en este crucial tema.
El gobierno está obligado a responder a las urgencias y prioridades de la ciudadanía con propuestas solventes y responsables desde un punto de vista fiscal. Por ello son tan relevantes y urgentes las reformas impulsadas por el ejecutivo. De una u otra manera, el proceso constituyente está vinculado a la suerte de estas reformas. Allí no tan sólo se juega la suerte del gobierno sino, en buena medida, el futuro del país.