“Tomé mi helicóptero con mi ayudante y me trasladé a la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes. Le dije a su comandante, el coronel Manuel Contreras, que quería visitar los calabozos, titubeó, pero tuvo que llevarme.
En mi recorrido me encontré con hombres que estaban tendidos boca abajo en el suelo, otros desnudos y amarrados, algunos colgados de los brazos y con el cuerpo en el aire. Se podía percibir que habrían sido golpeados o torturados . Cuando comprobé que la realidad era más horrible de lo que me habían dicho, llamé al subcomandante y le comuniqué que él asumía el mando y que el coronel Contreras quedaba arrestado para someterlo a proceso”.
Declaración de General Oscar Bonilla, noviembre de 1974
Acto seguido, Augusto Pinochet dio la orden de liberar a Manuel Contreras y lo designó Director de la DINA en diciembre del mismo año.
Bonilla, primer ministro del Interior de la dictadura, era entonces titular de Defensa cuando falleció el 3 de marzo de 1975 al explotar y precipitarse a tierra el helicóptero en que viajaba a Santiago desde el sur del país.
El Ejército realizó en 1975 una investigación sumaria que avaló la versión de la caída accidental del helicóptero que trasladaba a Bonilla, pero su contenido nunca fue conocido en detalle por la familia del general, como sostuvieron desde entonces sus hijos.
Los técnicos enviados por la empresa francesa fabricante de los helicópteros también murieron en extrañas circunstancias.
Valga recordar las circunstancias de la muerte previa del general Augusto Lutz.
Lutz fue uno de los generales conjurados para dar el golpe de Estado de 1973, pero sostuvo fuertes y públicas discusiones con Augusto Pinochet por la relevancia que había cobrado el coronel Manuel Contreras al mando de las operaciones represivas. Falleció el 28 de noviembre de 1974 por una supuesta septicemia contraída en el Hospital Militar. Su familia, que presentó una querella para esclarecer las causas de su muerte, ha sostenido durante años que su deceso no fue accidental como se dijo en aquel entonces.
En junio de 2018, el juez Mario Carroza, acompañado de un grupo de peritos del Servicio Médico Legal concurrió hasta el Panteón de los Jefes y Oficiales del Ejército del Cementerio General, para exhumar el cadáver de Lutz. Ello, como parte de la investigación iniciada luego que una de sus hijas, la abogada María Olga, interpusiera una querella para determinar si en la muerte de su padre “hubo participación de terceras personas”.
En el caso de la muerte del general Bonilla, la hipótesis de que la DINA habría saboteado el helicóptero fue descalificada por el entonces empoderado y temido auditor (fiscal judicial) del Ejército ( luego asumido a general) Fernando Torres Silva, quien calificó como “una barbaridad” las sospechas de un crimen.
Torres Silva, desde 2015 recluido en Punta Peuco por su responsabilidad en el crimen del ex químico de la DINA Eugenio Berríos, falleció el pasado 12 de mayo de 2021 a horas de ser indultado por el ministro de Justicia Hernán Larraín.
Recién en 2019 el hijo menor del general Óscar Bonilla presentó una querella para esclarecer si la muerte de su padre fue resultado de un desgraciado accidente, como reza la versión oficial, o un atentado más digitado por Augusto Pinochet.
Van desapareciendo los protagonistas y testigos mientras se aproxima el medio siglo de las nunca esclarecidas muertes de quienes fueran piedras en el zapato para la dupla del terror Pinochet- Contreras.