Que un texto escolar le cueste al Estado menos de mil pesos y se venda en el mercado a más de treinta y nueve mil, evidencia un enorme abuso del mercado. Es más que evidente que el costo por ejemplar es muy distinto si se imprimen millones (que son los que adquiere el Estado para distribuir en forma gratuita en los establecimientos públicos), que si se trata de cientos de miles de ejemplares, que son los que deben adquirir los apoderados de colegios privados. Pero no explican la sideral diferencia de 40 veces el valor por ejemplar. Los textos son los mismos y con toda seguridad se imprimen de manera conjunta, al mismo costo de producción. Lo que cambia son los márgenes de utilidad.
Tampoco lo explica que la distribución comercial implique costos y legítimas ganancias para sus intermediarios, que el Estado asume directamente.
En nuestro país el mercado de textos escolares está excesivamente concentrado en unas pocas editoriales (las dos más grandes concentran alrededor del 80%) y se presta a todo tipo de abusos de posiciones dominantes, que han motivado (de manera bastante tardía) a la Fiscalía Nacional Económica iniciar una investigación.
En nuestro país el mercado de textos escolares está excesivamente concentrado en unas pocas editoriales (las dos más grandes concentran alrededor del 80%) y se presta a todo tipo de abusos de posiciones dominantes, que han motivado (de manera bastante tardía) a la Fiscalía Nacional Económica iniciar una investigación.
Desgraciadamente no es este el único sector de la economía que muestra evidentes abusos de mercado. El tema de los precios excesivos de los medicamentos-uno de los más caros en la región- es una muestra más de aquello. Las tres grandes cadenas farmacéuticas, que han protagonizado sonados casos de colusión en el pasado reciente, venden los remedios entre un 30 y 70 % más caros que las farmacias independientes y las pocas farmacias comunales que existen en la actualidad. Para que hablar de los costos de los medicamentos en clínicas privadas. El reciente convenio suscrito por farmacias Ahumada con la Municipalidad de Maipú, con considerables descuentos en algunos remedios (que pueden llegar hasta el 80 %) muestra que los precios a público están notablemente abultados. No es claro si la responsabilidad es de los laboratorios o de las farmacias (o es compartida, al igual que las utilidades). Lo único cierto es que pagan los consumidores estos precios abusivos.
Un rol más activo del gobierno y la sociedad para prevenir los abusos y transparentar los mercados
Las cadenas farmacéuticas culpan a los laboratorios, en donde a menudo tienen intereses, en tanto que estos culpan a las patentes y costos de producción y distribución, pero nadie repara en las utilidades excesivas que perciben unos y otros a costa de los consumidores cautivos que están obligados a comprar los remedios por prescripción médica.
Las tres grandes cadenas farmacéuticas, que han protagonizado sonados casos de colusión en el pasado reciente, venden los remedios entre un 30 y 70 % más caros que las farmacias independientes y las pocas farmacias comunales que existen en la actualidad. Para que hablar de los costos de los medicamentos en clínicas privadas.
Son múltiples y variados los abusos del mercado a los consumidores. Desde la colusión descarada o encubierta, a los abusos de posiciones dominantes por parte de retail, las productoras de alimentos y productos esenciales (basta recordar el caso del papel Confort) así como la industria financiera. Los intereses a menudo usureros que cobran las grandes empresas del retail, financieras y cajas de compensación por préstamos de consumo o “adelantos” de dinero, superan con creces el interés máximo legal que puede cobrar la banca por estos mismos servicios. Tan solo que no todos pueden acceder a los servicios de la banca comercial.
No es sencillo aplicar soluciones de mercado a necesidades y demandas sociales de primera necesidad, como en la salud, en donde, además de los precios excesivo de los medicamentos, se han registrado numerosos abusos por parte de las ISAPRES hacia sus afiliados. O la educación con fines de lucro.
Las cadenas farmacéuticas culpan a los laboratorios, en donde a menudo tienen intereses, en tanto que estos culpan a las patentes y costos de producción y distribución, pero nadie repara en las utilidades excesivas que perciben unos y otros a costa de los consumidores cautivos que están obligados a comprar los remedios por indicación médica.
El proyecto del gobierno para reformar el funcionamiento de las ISAPRES, terminar con las preexistencias y permitir la movilidad de los afiliados, pese a que aún no se conocen sus verdaderos alcances, parece encaminarse en una buena dirección pero aún falta mucho camino para fortalecer una salud pública de calidad.
Perfectamente CENABAST podría proveer de remedios no tan sólo a las farmacias independientes o comunales sino también a las grandes cadenas farmacéuticas a precios bastante más razonables, asegurándose que su margen de comercialización no exceda de lo razonable.
Otro tanto podría hacerse en materia de textos escolares que los apoderados de los colegios privados están obligados a comprar. El propio Banco del Estado podría jugar un rol más activo a la hora de fijar el costo de los créditos a consumidores y PYMES.
Chile es un país pequeño, con un mercado reducido, en donde no está plenamente garantizada la libre competencia, como sucede en mercados de mayor tamaño. Un mercado que registra numerosas evidencias de malas prácticas empresariales, colusiones y abuso de posiciones dominantes.
Los esfuerzos por transparentar los mercados, asegurar una efectiva y libre competencia, así como regular de mejor manera su funcionamiento, han sido hasta ahora insuficientes. No tan sólo se requiere una mejor y más estricta regulación, así como sanciones más duras para los infractores, sino un rol más activo del Estado para desempeñar un rol controlador.
Los esfuerzos por transparentar los mercados, asegurar una efectiva y libre competencia, así como regular de mejor manera su funcionamiento, han sido hasta ahora insuficientes. No tan sólo se requiere una mejor y más estricta regulación, así como sanciones más duras para los infractores, sino un rol más activo del Estado para desempeñar un rol controlador.
Si vamos a tener una economía de mercado en el futuro previsible, al menos la ciudadanía y junto a ella los partidos políticos, deberían asumir una postura más resuelta a favor de la transparencia y alerta de las múltiples formas de abuso en que a menudo incurren poderosos conglomerados. Las asociaciones de consumidores, aún incipientes, aparecen como una buena manera de enfrentar el problema. No estaría de más que se sumaran a este esfuerzo los padres y apoderados en la educación y los propios afiliados a los sistemas de salud, público y privado.