Resulta evidente la escasa atención informativa respecto de la muy extensa crisis de Nicaragua bajo el imperio gobernante de Daniel Ortega. Las prioridades mediáticas se concentran en otros asuntos relevantes de la región, imperando la desinformación sobre una crisis política, económica, social y sanitaria bajo los caprichos de perpetuación de quién desnaturalizó los objetivos de liberación democrática que inspiró la extensa lucha y triunfo contra la dictadura somocista.
En este contexto las siguientes crónicas de Carlos Chamorro y Fernando Bárcenas aportan luces para interpretar la crisis nicaragüense y las opciones planteadas para superarla democráticamente
La Rebelión de Abril ante la crisis
Por Carlos Chamorro
A diez meses de las elecciones presidenciales y legislativas de 2021, bajo el estado policial y sin una reforma electoral, la Rebelión de Abril enfrenta la disyuntiva de someterse al intento final de Daniel Ortega para legalizar la dictadura, o relanzar la resistencia civil hasta conquistar las garantías de una elección libre y competitiva para tomar el poder.
La primera opción implica aceptar las reglas de una elección sin transparencia ni competencia política, con candidatos y movimientos políticos vetados de antemano, en la que no estaría en juego el poder, sino únicamente legitimar el regreso al statu quo anterior a abril 2018, ahora con una dictadura sangrienta en la impunidad.
La segunda, demanda desafiar el estado policial desde una plataforma de unidad nacional, con la participación del movimiento Azul y Blanco y los partidos opositores, convocando el apoyo del sector empresarial, el liderazgo moral de la Iglesia católica, y los servidores públicos –civiles y militares– para restituir el derecho a elecciones libres y competitivas y negociar una reforma electoral, con o sin Ortega y Murillo en el poder.
Son dos objetivos, dos caminos, y dos estrategias radicalmente distintas. De un lado, en algunos sectores del país está incubada la ilusión de que la solución a la crisis política nacional vendrá desde afuera. Asumen que el tirano cederá ante el temor de más sanciones internacionales, y que para evitar que su Gobierno sea declarado “ilegítimo” por la OEA, a última hora concederá una “reforma electoral” sin cambios sustanciales, pero ofreciendo lo mínimo para proclamar que ha dado “un paso insuficiente, en la dirección correcta”, aunque su creciente alineamiento ideológico con el modelo cubano-venezolano indica lo contrario.
Del otro lado, la verdadera presión cívica depende del poder de convocatoria del movimiento de abril, la nueva mayoría política de los sin partido que demandó la salida de Ortega y Murillo del poder y elecciones anticipadas en 2018. Ellos pusieron los muertos, los presos políticos, y el exilio masivo, se ganaron a pulso la solidaridad de la Iglesia católica y también forzaron la ruptura del “modelo” corporativista autoritario, la alianza de casi una década de los grandes empresarios con la dictadura Ortega-Murillo.
Unido, el voto Azul y Blanco simboliza la esperanza del cambio político, no solo para ganarle al FSLN una elección libre, sino para conquistar la mayoría calificada que le otorgaría a un nuevo gobierno democrático un mandato inequívoco para desmantelar las mafias del poder de la dictadura y despejar el camino hacia el progreso, que anhelan centenares de miles de familias que están en la pobreza y el desamparo.
Dividido, le otorga una ventaja competitiva al orteguismo, como minoría política. Si el voto Azul y Blanco se divide en dos bloques como pareciera ser la tendencia actual —la Alianza Cívica en la casilla de Ciudadanos por la Libertad (CxL), con el apoyo del sector empresarial; y la UNAB, el Movimiento Campesino, y la Coalición Nacional en la casilla del Partido Restauración Democrática (PRD)— Ortega y el FSLN, como primera minoría política, pueden robarse la elección a través del fraude; ganarla por un margen estrecho; o incluso perderla, y seguir gobernando desde abajo.
La aritmética política que proyectan todas las encuestas es invariable: Solo una alianza opositora unida, excluyendo a los partidos zancudos y colaboracionistas, es la fuerza ganadora que puede derrotar y desmontar la dictadura. Por lo tanto, lo que el país espera de los líderes opositores, cívicos y políticos, es que demuestren su capacidad para sumar fuerzas, desterrando el sectarismo y los hegemonismos, para conformar una alianza basada en normas democráticas que perdure más allá de esta elección y en varios períodos de gobierno. La unidad nacional opositora, empezando por la unidad en la acción para presionar por la suspensión del estado policial y la reforma electoral —como dos momentos inseparables del mismo proceso político— representa el pilar fundacional de una nueva república democrática.
Pero ¿cómo arrancarle al régimen la reforma electoral, bajo un estado policial que ha conculcado las libertades de reunión y movilización y mantiene más de 100 presos políticos? Paradójicamente, la dictadura se encuentra hoy en su nivel más bajo de apoyo político, después de tres años consecutivos de recesión económica, que han multiplicado la pobreza y el desempleo, agravados por el manejo indolente de la pandemia de la covid-19. La crisis política y económica del régimen ha provocado el colapso del asistencialismo del sistema Estado-Partido-Familia, pero la oposición no ha logrado llenar el vacío de poder, ni representa aún una esperanza para las grandes mayorías, agobiadas por el drama cotidiano de la sobrevivencia. También es cierto que desde septiembre de 2020 el endurecimiento del cerco policial, la persecución y el asedio paramilitar, han provocado un reflujo en la protesta cívica, y mantienen bajo un régimen ilegal de “casa por cárcel” a más de un centenar de líderes opositores, excarcelados, exiliados que regresaron al país, y familiares de las víctimas de la represión.
Ese es el verdadero clima preelectoral que hay en Nicaragua antes del siete de noviembre. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal, ha hecho un llamado a descartar la “confrontación y la violencia” en el año electoral, y seguramente la gran mayoría de los nicaragüenses respaldan esa exhortación; el problema es que la violencia no ha cesado un solo día desde que el régimen desató la represión contra la protesta cívica en abril 2018. En Nicaragua ya vivimos en violencia, porque los derechos elementales de reunión y movilización han sido conculcados y hasta la libertad religiosa está gravemente amenazada, y ahora quieren “normalizar la violencia”, manteniendo casa por cárcel a los opositores y vetando su participación en las elecciones.
“la liberación definitiva de todos los presos políticos, el restablecimiento pleno de todos los derechos y garantías y el retorno seguro del exilio nicaragüense, tal y como lo establece la Constitución Política, y los acuerdos firmados por el Gobierno con la Alianza Cívica el 27 y 29 de marzo de 2019”.
El 18 de septiembre de 2020 todas las fuerzas democráticas, con la excepción del partido CxL, suscribieron el “Consenso Nacional sobre Reformas Electorales” promovido por el Grupo Promotor de las Reformas Electorales. La propuesta distingue con claridad las “condiciones habilitantes” para ir a elecciones libres, que se resumen en “la liberación definitiva de todos los presos políticos, el restablecimiento pleno de todos los derechos y garantías y el retorno seguro del exilio nicaragüense, tal y como lo establece la Constitución Política, y los acuerdos firmados por el Gobierno con la Alianza Cívica el 27 y 29 de marzo de 2019”.
En otras palabras, no hay reforma electoral posible ni elecciones libres, sin estas “condiciones habilitantes”, pero la respuesta de Ortega ha sido cerrar aún más el espacio político, colocando a la oposición al borde del abismo. La dictadura se adelantó a reforzar el cerco policial con la aprobación de las cuatro leyes represivas —“crímenes de odio”, “Ley Mordaza”, “agentes extranjeros”, y “traidores a la patria”— que criminalizan el ejercicio de los derechos democráticos y pretenden eliminar la competencia política en el proceso electoral.
Sin embargo, la salida ante esta crisis no reside en proclamar anticipadamente la abstención, o esperar la “reforma electoral” ofrecida por Ortega para mayo, sino en cambiar el balance de poder. En los primeros meses de 2021, la oposición enfrenta el reto formidable de adelantarse a los plazos de Ortega e imponer una agenda política propia, que represente las aspiraciones de cambio de las grandes mayorías empobrecidas y de los sectores medios del país.
En primer lugar, relanzar la presión cívica para demandar la suspensión del estado policial y la reforma electoral. Ortega nunca otorgará las condiciones mínimas para una elección libre y competitiva, si no está sometido, al máximo, a una presión política y económica que le obligue a negociar la reforma electoral.
En segundo lugar, conformar una alianza nacional opositora —está es quizás su última oportunidad— para convocar al voto Azul y Blanco en torno a un programa de gobierno de cambio democrático, y elegir a través de una primaria democrática a sus candidatos a presidente, vicepresidente y diputados.
Después de la insurrección cívica de abril que generó el proceso político más participativo de la historia de Nicaragua, la selección de candidatos de la unidad opositora no puede estar sujeta al veto de Ortega, ni a los dedazos de las élites, o cuotas partidarias (en un sistema escuálido de partidos políticos), sino únicamente a la competencia democrática. Contrario a la tradición de los poderes fácticos que pretenden condicionar y predeterminar los resultados de la política, la futura alianza opositora debería asumir, como bandera de cambio, la legitimidad que emana de una genuina competencia democrática para seleccionar a sus candidatos.
¿Podrán los líderes de la Alianza Cívica, la Unidad Nacional, la Coalición Nacional, el Movimiento Campesino, CxL, PRD, y otras organizaciones opositoras, conformar esa gran alianza nacional y garantizar un proceso participativo para elegir al liderazgo que gobernará el país a partir del 10 de enero de 2022?
De ello depende, y no solo de las reglas electorales mínimas, la recuperación de la confianza en el voto y la esperanza para lograr, como proclamaba mi padre, Pedro Joaquín Chamorro, asesinado hace 43 años por otra dictadura, que “Nicaragua vuelva a ser República”.
En contrapunto surge una propuesta desde la centroderecha(CxL y ACJD) que es cuestionada por el resto de las organizaciones opositoras y resistentes a Ortega, impugnándole facilitar su perpetuación en el poder
El polo electoral de centroderecha
La alianza de CxL y ACJD es un bluff, un farolazo burdo. No han avanzado un ápice de 2018 a esta parte, ni organizativa ni políticamente
Por Fernando Bárcenas
19 enero, 2021
Es difícil de entender, para quien carece de formación política profesional, que la unidad no se define en abstracto, sino, que es parte de una acción política orientada por consideraciones estratégicas. De modo, que quienes carecen de pensamiento estratégico no harán más que enredarse en un ovillo con el término de unidad, apelando a criterios subjetivos, a intereses de la patria, que no logran definir en un programa político combativo.
La estrategia no surge caprichosamente, basada en deseos o en el gusto personal. Debe tener fundamento en la realidad, requiere un método de interpretación de la realidad política conflictiva, un método objetivo, científico. Todo lo que se construye, como en la ingeniería, requiere de previo un diseño técnico, profesional, factible. La unidad es una ilusión, un espejismo, un engaño de la percepción, si se origina por la necesidad apremiante de encontrar un oasis en el desierto. Toda unidad política se propone derrotar a un adversario, quien a su vez se propone adelantar una estrategia contraria. Lo esencial, entonces, es conocer la estrategia dictatorial. Y plantearse metas en un cronograma de tareas a ejecutar para vencer la estrategia del orteguismo, con el fin de adquirir la fuerza necesaria para ejecutar los cambios sociales en la sociedad
Ortega, como mesías, es mil veces más débil políticamente que los Somozas, que se podían dar el lujo de intercalar estratégicamente a René Schick, en 1963, a Lorenzo Guerrero, en 1966, y a la pata de gallina (de Agüero, Roberto Martínez Lacayo, y Alfonso Lovo Cordero), en 1972. Estos títeres cumplían la función de válvula alivio, para descargar fuera de la represa las crecidas del descontento popular. Con sólo que Ortega nombrara otro candidato desarticularía la crisis asociada a su persona. Pero, su primitivo modelo mesiánico absolutista le impide maniobrar estratégicamente y lo arrastra torpemente al desastre del fraude electoral. De ahí que esté entrampado por sus propias circunstancias, dando vueltas obsesivamente en su rueda como un hámster, a paso perezoso, a punto de colapsar.
Con sólo que Ortega nombrara otro candidato desarticularía la crisis asociada a su persona. Pero, su primitivo modelo mesiánico absolutista le impide maniobrar estratégicamente y lo arrastra torpemente al desastre del fraude electoral. De ahí que esté entrampado por sus propias circunstancias, dando vueltas obsesivamente en su rueda como un hámster, a paso perezoso, a punto de colapsar.
Es indispensable definir quién guarda la iniciativa estratégica. Más aún, es necesario aclarar a que lado se inclina el balance estratégico actual. A quién favorece la coyuntura, y el escenario de los encuentros. Qué oportunidades hay, y cuáles amenazas. Cuál es la tendencia de evolución de la situación estratégica (determinada por los recursos logísticos, por los combatientes, por su experiencia combativa, por la capacidad de su dirección, por la disciplina y entrenamiento, por la tecnología y por la capacidad de información), y sobre todo por el carácter de la crisis, para la población, a corto y a largo plazo. Pero, fundamentalmente, considerando que la correlación de fuerzas se define por los encuentros, por los combates tácticos planificados estratégicamente, no por la negociación en frío o por métodos de lucha escogidos a voluntad.
En la unidad prevalecerá, sobre los cambios a realizar en la sociedad, la organización que cuente en el seno de las masas con la mejor dirección y la mayor capacidad combativa. ¡No hay nada más democrático! La política es una profesión, esencialmente estratégica, no un hobby para diletantes ambiciosos.
El quid del asunto consiste en que combatir efectivamente a la dictadura es algo mucho más amplio y coherente que simplemente estar en la jugada electoral. Los militantes se inscriben conscientemente en un partido político por sus principios, ya que éstos son los que determinan la línea política a adelantar válidamente en cada circunstancia. ¿Cuáles son los principios políticos de centroderecha de CxL? Como partido, simplemente cumple con los requisitos del Consejo Supremo Electoral orteguista.
El quid del asunto consiste en que combatir efectivamente a la dictadura es algo mucho más amplio y coherente que simplemente estar en la jugada electoral.
¿Cuáles son los principios políticos de centroderecha de CxL? Como partido, simplemente cumple con los requisitos del Consejo Supremo Electoral orteguista.
Hay una coincidencia ideal de derecha entre la Alianza Cívica y CxL, que les facilita proclamar una alianza pre – electoral en abstracto, sin que tal alianza sea políticamente real. Baste leer el comunicado conjunto con el cual anuncian los acuerdos alcanzados.
¿En qué consiste la novedad organizativa respecto al 2018?
En que fracasaron en formar una alianza amplia, porque se verían diluidas en un conglomerado de organizaciones de distinta ideología, al que se integrarían en paridad de condiciones. De modo, que optaron, en la recta final, por presentarse ambas como un polo de derecha. No es una alianza estratégica ni es una alianza táctica. ¿Cuál es el carácter de la alianza? No lo dicen. Parece ser que se definan como alianza pre – electoral por lo que no han hecho. Es decir, porque aún no han definido candidatos ya que requieren antes que otras organizaciones desarticuladas se les sumen, sin capacidad de negociar nada trascendental, a las que darían raid en el vehículo electoral de centroderecha.
No han avanzado un ápice de 2018 a esta parte, ni organizativa ni políticamente. Esta alianza es un bluff, un farolazo burdo. Kitty Monterrey exageró el bluff, quiso aparentar con arrogancia una capacidad de atracción magnética que anulaba al resto de alternativas existentes. Y el bluff fracasó porque engañar con las apariencias requiere, en lugar de una actitud de perdonavidas, una sutil y experimentada cara de póker enigmática, sonriente. Además, se enemistaron a la ligera con los periodistas independientes. Es el peor comienzo del supuesto polo de atracción magnética.
¿Qué dice el documento de unidad del arrogante polo de centroderecha?
- “Reafirmar la necesidad de elecciones libres, justas y transparentes como única solución integral y duradera a la crisis política”.
¿Y si las elecciones no son libres? ¿No hay, entonces, solución posible, ni integral, ni duradera? Nadie, con un dedo de frente, ofrece una solución a partir de una realidad poco probable. Además, aunque las elecciones fuesen libres podrían concluir en una derrota para el polo de centroderecha, si no está mínimamente preparado para resolver conflictos.
- “Que todos exijamos al régimen que se aborden las reformas electorales planteadas por la OEA”.
¿Y si al régimen dictatorial, como corresponde a su naturaleza dictatorial, le vale melcocha lo que exijan los ciudadanos? Para un régimen absolutista es intrascendente que se lo exijan algunos o que se lo exijan todos.
- “Aunar esfuerzos para el cumplimiento de los Acuerdos del 27 y 29 de marzo de 2019 firmados por la Alianza Cívica”.
¿Es que tales acuerdos no se cumplen por falta de esfuerzos aunados? Unos acuerdos que no se cumplen significa que en tales acuerdos se carece de consecuencias por incumplimiento. Es decir, no se corresponden a una efectiva correlación de fuerzas. Aunar esfuerzos por que se cumplan los acuerdos es más tonto y difícil que luchar por las demandas combativas de la población.
Además, tales acuerdos, están llenos de vicios protocolarios claudicantes ante el orden policíaco orteguista, y no son representativos de las demandas democráticas de la población, porque fueron negociados unilateralmente por la Alianza Cívica a puertas cerradas en función de sus intereses, sin consultar a la nación. Nadie le dio, ni podía darle, a la Alianza Cívica un mandato de representación absoluta con semejante discrecionalidad antidemocrática. Esta actitud de negociación unilateral no es liberal, de centro, sino, de extrema derecha, propia del modelo COSEP que se integró por más de diez años al gobierno corporativo con la dictadura, de espaldas a los intereses de la nación.
La población ha puesto en claro que la Alianza Cívica nunca ha representado a la nación antidictatorial, como abusivamente se pretendió.
- “Que este año no sea un año de violencia”.
¿Es que otros años sí deben ser años de violencia? La violencia no se escoge a voluntad. Una dictadura policíaca augura únicamente violencia, tanto más cuanto sienta que pueda perder el poder.
- “Para lograr la instauración de un nuevo gobierno democrático mediante elecciones libres, es necesario constituir una alianza opositora amplia e incluyente que lidere y movilice a los nicaragüenses”.
Para lograr la instauración de un nuevo gobierno democrático es necesario sacar a Ortega del poder. Sin embargo, proponer sacarlo sólo mediante elecciones libres es una restricción irracional que limita la toma de decisiones a coyunturas electorales. Lo cual pasa a ser un problema insoluble, debido a la incertidumbre –fuera de nuestro control- que se introduce en la solución. Basta conocer mínimamente la teoría de toma de decisiones, en la que cada paso debe abrir las máximas posibilidades de ganancia. Constituir una alianza opositora amplia con fines electorales podría ser totalmente inútil si las elecciones no son libres (como todo indica).
- “Iniciar un trabajo conjunto para la construcción de la alianza opositora amplia e incluyente que una a ciudadanos, organizaciones y sectores alrededor de una propuesta de gobierno”.
La tontería más grande es que la alianza opositora amplia no se construiría para sacar a Ortega (aunque sea sólo por vía electoral, como se dijo antes), sino, para gobernar. Es como si se organiza a los trabajadores no para construir un puente (con un diseño eficiente y con recursos), sino, para sembrar trigo al otro lado del río infranqueable. Antes de gobernar, además de sacar a Ortega, habrá que transformar estructuralmente la sociedad.
Es como si se organiza a los trabajadores no para construir un puente (con un diseño eficiente y con recursos), sino, para sembrar trigo al otro lado del río infranqueable.
Después de tres años de fracasos, este galimatías es lo que ha producido el polo unitario del llamado centroderecha.
Después de tres años de fracasos, este galimatías es lo que ha producido el polo unitario del llamado centroderecha.