Agustín Huenupe, 30 años (2001)
Mauricio Huenupe, 28 años (2001)
Alex Lemún, 17 años (2002)
Jorge Suarez Marihuán, 27 años (2002)
Julio Huentecura, 30 años (2004)
José Gerardo Huenante, 16 años ( 2005)
Juan Collihuin , 71 años ( 2006)
Johnny Cariqueo, 22 años (2008)
Matías Catrileo, 23 años (2008)
Jaime Mendoza Collío, 24 años (2009)
Rodrigo Melinao, 27 años (2013)
José Mauricio Quintriqueo, 32 años (2014)
Camilo Catrillanca, 24 años (2018)
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En parte de su relato, el menor de 15 años, que acompañaba, el miércoles 14 de noviembre, en el tractor a Camilo Catrillanca, al momento de ser asesinado, señaló: “Cuando dimos vuelta el tractor avanzamos hacia adelante y Carabineros dispara. Estábamos de espalda. Había uno de ellos con cámara. Él fue el que disparó”. El testimonio del joven testigo, también víctima de la patrulla policial, fue conocido tras su violenta detención.
Liberado por decisión judicial, después su traumática experiencia, se transformó en la pieza clave para desnudar una mentira oficial, ya avalada por el mando del general director Hermes Soto, el Intendente de la Araucanía, Luis Mayol, con respaldo del ministro del Interior(S) Rodrigo Ubilla y el vicepresidente(S) de la República, Andrés Chadwick, mientras Sebastián Piñera- desde China- se hacía eco de aquella versión que cambiaría radicalmente, de fondo y forma, en boca de un dolido Chadwick el domingo 18 en la mañana.
El patrón de conducta de las autoridades de gobierno se tiende a repetir, avalando versiones policiales por crímenes de comuneros mapuche (trece, durante el siglo 21), una y otra vez desmentidas después de larguísimos procesos de investigación judicial. O tan rápidamente como en el caso de Camilo Catrillanca.
El patrón de conducta de las autoridades de gobierno se tiende a repetir, avalando versiones policiales por crímenes de comuneros mapuche (trece, durante el siglo 21), una y otra vez desmentidas después de larguísimos procesos de investigación judicial. O tan rápidamente como en el caso de Camilo Catrillanca.
En este caso el inesperado testimonio de un menor frustró la reiteración de un libreto que partía con la negación del empleo de la cámara de grabación de la militarizada patrulla de Carabineros. El crimen quedó grabado en la cámara del sargento segundo Raúl Ávila. Las imágenes que lo inculparían de los disparos desaparecieron y aquella evidencia obligó al mando a determinar su inmediata baja, junto a la del suboficial a cargo de la patrulla, un sargento primero y un cabo que participaron en el operativo.
Como ha sido una tendencia persiste la discriminación que protege a los mandos superiores. En este caso “se aceptó” la renuncia del Jefe de Orden y Seguridad de la Araucanía, general Mauro Vittoriano, también la del Prefecto de Fuerzas Especiales, coronel Iván Contreras. Ello les permite mantener todos sus derechos y beneficios económicos al salir de la institución.
El gobierno no tuvo más alternativa que echar pie atrás- dejando en el vacío las declaraciones del subsecretario Ubilla respaldando a su intendente – y cortar por el hilo más delgado de la cadena del mando. La renuncia inmediata de Luis Mayol podría garantizar que la DC no insistiera en mayores presiones, que potenciaran una oposición cada vez más hostil en el parlamento.
La indagación judicial por este asesinato continuará entregando evidencias. Mientras, las autoridades oficiales perseveran en versiones y justificaciones contradictorias, vinculando el crimen de Camilo Catrillanca con el robo de un vehículo a profesoras del sector, cercano a Temucuicui y refiriendo a un supuesto intercambio de disparos. Como si existieran atenuantes a una nueva manifestación del terrorismo de Estado que marca el difícil sendero de los pueblos originarios en la reivindicación de sus derechos ancestrales.
El reconocimiento forzado e incómodo del asesinato del joven Catrillanca, desnudó la precariedad política del Ejecutivo para enfrentar una severa crisis de credibilidad.
La reacción opositora, con interpelaciones al ministro del Interior y al director de Carabineros en el parlamento, anunció un clima hostil e incómodo, difícil de sortear sin mayores costos políticos para el Ejecutivo.
El propio ministro Moreno reconocía la complejidad del desafío asumido. Algo que se acentuaba con la oscura historia represiva en la zona, encontrándose en proceso judicial el burdo montaje (la conocida:”Operación Huracán”), que inculpó, con pruebas falsas a comuneros mapuche, a quienes se aplicó el rigor de la legislación antiterrorista. Ello derivó en un juicio, aún en curso, donde están procesados oficiales de Carabineros, incluido el General Gonzalo Blu, como cerebro de la asociación ilícita, responsable del montaje.
La resistencia de La Moneda para asumir sus responsabilidades políticas se prolongó hasta el minuto en que el PDC manifestó su decisión de acusar constitucionalmente al Intendente Mayol, augurándose una derrota, con mayores e impredecibles costos políticos para el gobierno de Sebastián Piñera.
El gobierno no tuvo más alternativa que echar pie atrás- dejando en el vacío las declaraciones del subsecretario Ubilla respaldando a su intendente – y cortar por el hilo más delgado de la cadena del mando. La renuncia inmediata de Luis Mayol podría garantizar que la DC no insistiera en mayores presiones, que potenciaran una oposición cada vez más hostil en el parlamento.
LA FRACASADA ESTRATEGIA DEL GARROTE Y LA ZANAHORIA
La nueva administración de Sebastián Piñera marcó una clara prioridad, asumiendo una activa presencia en la Región de la Araucanía, propiciando una política de reactivación económica, en base a nuevas inversiones, mientras el titular de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, se esmeraba en crear espacios de diálogo con dirigentes de comunidades y comuneros, destinado a crear una nueva atmósfera política en la conflictiva zona.
Si a lo señalado se agregaba la amenazante presencia del cuestionado Comando Jungla- con instrucción en Colombia- como fuerza represiva en la ya militarizada región, parecía inminente el riesgo de acontecimientos, como el desatado con el asesinato de Camilo Catrillanca.
Todo aquello bajo el paraguas de la presentación de una nueva legislación que se hiciera cargo de demandas largamente postergadas en relación a los derechos ancestrales, eventual representación parlamentaria, efectiva aplicación del convenio 169 de la OIT, instalación de un ministerio de Asuntos Indígenas y otras temáticas, vinculadas al larguísimo debate sobre la deuda histórica con los pueblos originarios, la plurinacionalidad y multiculturalidad.
Aquella iniciativa necesariamente transitaría por una arriesgada cuerda floja. No sólo por las señaladas cuentas pendientes en materia institucional. También por el evidente interés de grupos empresariales para despejar la cancha de riesgos en nuevos proyectos de inversión – un factor incidente, es el de las tensiones instaladas por la presencia de empresas forestales en territorios reivindicados por las comunidades indígenas – y la resistencia de organizaciones de la región a la propuesta de arrendar propiedades en territorios considerados ancestrales.
En ese marco ha fracasado la aplicación de la política del garrote y la zanahoria, desafiando la apuesta que encarna el dialogante ministro Moreno y abriendo una interrogante respecto del futuro de la, hasta hoy, cerrada apuesta de Sebastián Piñera por la dura conducción política de Chadwick.
El propio ministro Moreno reconocía la complejidad del desafío asumido. Algo que se acentuaba con la oscura historia represiva en la zona, encontrándose en proceso judicial el burdo montaje (la conocida:”Operación Huracán”), que inculpó, con pruebas falsas a comuneros mapuche, a quienes se aplicó el rigor de la legislación antiterrorista. Ello derivó en un juicio, aún en curso, donde están procesados oficiales de Carabineros, incluido el General Gonzalo Blu, como cerebro de la asociación ilícita, responsable del montaje.
Si a lo señalado se agregaba la amenazante presencia del cuestionado Comando Jungla- con instrucción en Colombia- como fuerza represiva en la ya militarizada región, parecía inminente el riesgo de acontecimientos, como el desatado con el asesinato de Camilo Catrillanca.
Estamos en presencia de un nuevo escenario político que pone en jaque la credibilidad del Ejecutivo, en momentos que las instituciones uniformadas- no solo Carabineros- enfrentan una severa crisis por gravísimos actos de corrupción, investigados por los tribunales de justicia.
En ese marco ha fracasado la aplicación de la política del garrote y la zanahoria, desafiando la apuesta que encarna el dialogante ministro Moreno y abriendo una interrogante respecto del futuro de la, hasta hoy, cerrada apuesta de Sebastián Piñera por la dura conducción política de Chadwick.
Suele decirse que mientras más opositores demanden la renuncia de un ministro, aquello está más lejos de acontecer. Puede estar sucediendo con las interpelaciones crecientes al empoderado ministro del Interior.
En cualquier caso la autocrítica ausente, los giros forzados en el discurso oficial por el asesinato de Catrillanca- que ha estimulado una fuerte reacción en la diversidad de comunidades indígenas y sus diferentes liderazgos – el respaldo a las autoridades responsables de transmitir una gran mentira oficial (aunque se insista que fue por pocos días¿?) configuran un complejo escenario que urgirá a nuevas decisiones desde La Moneda, en momentos que su credibilidad se desvanece pese a los esfuerzos mediáticos desde Palacio para pasar el temporal.
En este contexto, resultó algo grotesca la puesta en escena del ministro Chadwick en su primera intervención ante comisiones de la Cámara de diputados, cuando levantando la voz, puso un acento que retrató sus prioridades: “cómo no me va a doler, cómo no me va a irritar que esa cámara se haya mal utilizada y se haya roto su tarjeta, si la compramos desde el ministerio..”.
En este hito, que marcará la gestión del actual gobierno, queda mucho paño por cortar…