¿Tiene sentido ir a votar en la Consulta ciudadana de la Unidad Constituyente? Esta es una pregunta que hoy se hacen muchas y muchos que durante años nos hemos sentido parte de un proyecto político de centroizquierda. La sola pregunta habla de que no es un tema evidente.
Creo que muchas personas, compañeras y compañeros de muchas batallas, tantas y de tan larga data, estarán en este momento pensando en si irán o no a votar en la consulta ciudadana del pacto Unidad Constituyente. Y también me imagino que habrá objeciones o circunstancias que hacen difícil tomar una decisión. Algunos dirán que ya votaron en las primarias legales, aunque esos candidatos no fueran los más cercanos a sus propias posiciones; otros especularán respecto de qué sentido tiene desafiar una participación de más de tres millones de ciudadanos, cuando será una comparación a priori desventajosa; otros tantos, y quizás esto sea lo más preocupante, se preguntarán qué puede ofrecer una alianza que, de buenas a primeras, aparece como trasnochada, envejecida, desconcertada y dispersa.
Todas las inquietudes son válidas. Entonces, ¿por qué participar en esta consulta ciudadana? La respuesta no es fácil. Las razones irán desde la inercia histórica, la pérdida de un domicilio conocido que se busca recuperar, el miedo a un cambio en el cual ya no tengamos espacio, la desconfianza en los nuevos liderazgos que con cierta liviandad juguetean con la violencia y la ruptura, etc. Como no soy capaz de dar cuenta de las infinitas posibilidades de respuesta a la pregunta que he formulado, me limito a compartir las razones por las que pienso votar en la consulta ciudadana.
En primer lugar, estoy convencido de que la mejor opción para un cambio que beneficie realmente a las mayorías (todas, las marginadas, las no tanto, las que no están marginadas) se hace a partir de la integración de grandes grupos e identidades, sin hálitos supremacistas de ningún tipo, en función de objetivos comunes, que en nuestro caso parecen convocar bastante consenso (más democracia, más equidad, más inclusión, más dignidad, más derechos). Las políticas que surgen de la imposición por la fuerza no son inclusivas, sino todo lo contrario. Tienen en su naturaleza y su origen la marca de la exclusión. Es la experiencia de la dictadura en Chile y de las dictaduras en general, donde quiera se hayan instalado e independientes del signo político, ideológico o religioso que las haya inspirado (¿ejemplos?, ¡hay para regalar!). En la izquierda más joven, hablemos del Frente Amplio para simplificar (porque, como en toda coalición, adentro no todos los animales son iguales), todavía se coquetea con el deseo de arrasar con el otro, de quitarle los derechos a la expresión, de marginarlos de la vida política, en una cierta forma de castigar a la dictadura, a sus seguidores y sostenedores, y también se incluye a quienes transaron con ella durante los treinta años de democracia. El Partido Comunista pareciera estar jugando a dos bandas: por una parte, el escenario institucional y, por otra, la vieja idea de “agudizar las contradicciones” para alentar el quiebre de la “democracia burguesa (fascista y neoliberal)” para devolver el poder al pueblo (frente al cual se auto arroga la representación). Y todavía más, estas dos izquierdas mantienen una relación absolutamente ambigua con los sectores a los que definitivamente no les importa hacer colapsar todo el sistema para, de una buena vez, terminar con la sociedad neoliberal, al costo que sea, incluyendo el uso de la violencia en sus más diversos niveles (desde la “simpática” funa, hasta el asesinato).
Cuento aparte es la derecha, aunque se disfrace de centro o de independiente. Quienes conforman el sustento político de su candidatura presidencial, han sido los principales responsables de poner al país en una situación de colapso, al maniatar los cambios, constreñir nuestra sociedad al inmovilismo heredado de la dictadura, al aferrarse al poder mediante mecanismos viciados en el origen que le permitieron tener a la sociedad chilena sometida a veto desde que se recuperó la democracia, la misma que antes gobernaron durante 17 años a sangre y fuego.
En este escenario de opciones, creo que la Unidad Constituyente, que ha sido la alianza política más transformadora de los últimos 30 años, que elevó los niveles de bienestar y amplió las libertades personales como no se había hecho en mucho tiempo, tiene la posibilidad de reivindicar su historia progresista, aceptar con absoluta honestidad sus limitaciones del pasado y ofrecer una estrategia de cambios con integración y gobernabilidad. Pero tiene que dar pruebas de aquello. La confianza no es un tema de pura fe. Yo esperaría que la Unidad Constituyente, dándole pruebas al país de su capacidad de gobernabilidad, sea la primera en cerrar su pacto parlamentario, en el que aparezcan sus nuevos liderazgos y toda la riqueza de su diversidad. Si uno pudiera ser exigente, ese pacto idealmente debiera estar proclamado antes de la consulta ciudadana, así, sin esperar los resultados para hacer los cálculos menores de los partidos, sino que para reconocer en cada lugar la forma de asegurar una mayoría para gobernar.
Sé que algunos lectores deben sentir que esto es una especie de utopía o ingenuidad. Incluso, algunos dirigentes deben pensar que lo que propongo está completamente fuera de cualquier sentido común político. Y puede que tengan razón. Pero, habiendo escuchado el primer debate de las candidatas y el candidato, luego de haber visto y leído múltiples declaraciones de los y las dirigentes, me pregunto qué ofrecen programáticamente distinto a lo que dicen o dijeron varios de los otros candidatos presidenciales. Al final, pareciera ser el atributo de la gobernabilidad el factor diferencial. Y entonces aparece un nuevo problema: ¿cómo probarle a una ciudadanía escéptica –por decir lo menos- que esta alianza sí puede garantizar la gobernabilidad? Una demostración audaz que involucre desprendimiento partidista y esfuerzo por renovar los liderazgos, podría ser una opción.
Es lo que a mí se me ocurre. Si hay otro camino, mejor: porque creo que la ciudadanía necesita evidencias de que este proyecto es el que realmente garantiza los cambios en Chile, con un marco de gobernabilidad y proyección constructiva, amplia, diversa e inclusiva. Para eso, tiene que reivindicar su historia de logros con orgullo, reconocer sus limitaciones y dar pruebas de su capacidad de gobernarse internamente. Por si a alguien no le quedó claro: el bochorno del Servel se borra con acciones y no con declaraciones.