Francisco Huenchumilla, exministro, exintendente y actual senador, pertenece a la etnia mapuche y ha abrazado su causa con pasión. Siendo intendente durante el segundo mandato de Michelle Bachelet presentó una propuesta que le costó su destitución. Aquella iniciativa nunca fue considerada y ni siquiera mereció un debate parlamentario. En su esencia apuntaba a dos conceptos esenciales que hoy no duda en reiterar: reconocimiento y reparación.
El reconocimiento constitucional de los pueblos originarios que, tal como recuerda el senador Huenchumilla, buena parte de los candidatos presidenciales prometen en sus programas sin que aún se concrete, pese a que el Estado de Chile ha suscrito avances del derecho internacional que lo obligarían a reconocer su carácter plurinacional, como la autonomía de los pueblos indígenas con derechos colectivos y escaños reservados. La derecha se ha opuesto tenazmente a este reconocimiento argumentando que atenta contra de la unidad nacional, con reservas que se extienden a otros sectores. Y tal como lo señala Huenchumilla en una reciente columna en el diario el Mercurio será la convención constituyente la encargada de reparar esta grave omisión histórica.
El reconocimiento y reparación, que dice relación con las tierras usurpadas a los pueblos originarios a sangre y fuego a partir de la llamada “pacificación de la Araucanía”, ha sido un proceso extremadamente largo, engorroso y limitado a la compra de tierras para entregárselas a algunas comunidades, quedando pendientes la mayoría de las reivindicaciones por tierras ancestrales.
Las empresas forestales
Muchas de estas tierras son ocupadas hoy en día por grandes empresas forestales, que manejan más de dos millones de hectáreas. Están los colonos que el Estado de Chile invitó a venir para colonizar esos territorios y los empresarios agrícolas. ”Las empresas forestales deben entender que, en el largo plazo, esta actividad, tal como está hoy día y con el conflicto actual, no es viable en la Araucanía sino hay un cambio en el modelo de negocios y un retiro gradual de los territorios de las comunidades mapuches” (…) “me atrevo a afirmar que si resolvemos el problema causado por las grandes empresas forestales el conflicto se reduciría a un mínimo” sostiene Huenchumilla en la propuesta que hiciera llegar al gobierno antes de su destitución como intendente, proponiendo entablar un proceso de negociación con las grandes empresas forestales, cuyo objetivo final sería el traspaso de sus predios a las comunidades colindantes.
Una propuesta radical. Que duda cabe. Que afecta intereses de algunos de los principales grupos económicos del país. Un foco mayor de tensión latente, como lo evidencian numerosos atentados en contra de las empresas forestales que operan en la zona, además de cuantiosos y sistemáticos robos de madera, que se estiman cercanos a los cincuenta millones de dólares al año. Y no atribuibles esencialmente a comunidades mapuche, sino con intervención del crimen organizado que se aprovecha de la evidente tensión territorial.
La violencia y el diálogo
El conflicto se arrastra por siglos y diferentes gobiernos han ensayado distintas fórmulas para enfrentarlo, partiendo por reconocer la deuda histórica que mantiene el Estado de Chile con sus etnias originarias (no tan sólo con el pueblo mapuche). Pero todas ellas han fracasado. En primer lugar, porque no han sido capaces de abordar los temas de fondo (reconocimiento y reparación), equivocando el diagnóstico o ignorando las dimensiones culturales, económicas, sociales y políticas involucradas. En segundo lugar, por no generar el clima de confianzas indispensables para acuerdos que satisfagan las demandas históricas de los pueblos originarios. En definitiva, propuestas parciales e insuficientes, no inscritas en un diseño de largo plazo que asuma integralmente el desafío mayor del conflicto histórico.
Se afirma, con buenos fundamentos, que la mayoría del pueblo mapuche es pacífico en su legítima aspiración por recuperar el territorio usurpado y superar la situación de pobreza. Menos se habla de la violencia institucional y represión policial que ha costado numerosos mártires a los pueblos originarios. La cruenta guerra de “pacificación” es el ejemplo más brutal, pero ha continuado prolongándose hasta el presente.
Es más que evidente que la violencia ha recrudecido extendiéndose más allá de la llamada macrozona. La torpe política de militarizar el conflicto implementada por el actual gobierno ha contribuido poderosamente a incrementar el fenómeno. No tan solo la CAM ha justificado la violencia como legítima para reivindicar sus derechos ancestrales y la tierra. Otras organizaciones han hecho lo mismo. Y parecen fortalecerse con armamento y según declaraciones recientes continuarán en ese sendero gobierne quien gobierne si no ven satisfechas sus demandas.
Autoridades oficiales, como el habitualmente desafortunado subsecretario del Interior Juan Francisco Galli y parlamentarios de derecha han puesto el grito en el cielo por las declaraciones de Izquia Siches afirmando que el nuevo gobierno buscaría un dialogo con todos los sectores, incluyendo a la CAM. Más allá de las precisiones del presidente electo resulta evidente que cualquier gobierno debe controlar el orden público y la violencia, pero su primer deber es prevenirla e impedir su escalada.
Y para aquello debe asumir la vía del diálogo, que tiene algunas exigencias y prerrequisitos. En primer lugar, que el Estado de Chile asuma compromisos de reconocimiento de sus etnias originarias y sus derivadas asociadas a los derechos postergados
La necesidad de un nuevo diseño
Para avanzar en este sensible desafío urge la existencia de un nuevo diseño para generar una institucionalidad que asuma en su compleja integridad la realidad de las etnias originarias, acogiendo las múltiples causas e intereses que originan los conflictos, involucrando a los diversos actores públicos y privados en un diálogo vinculante que aísle la violencia en sus diferentes manifestaciones, incluida la represión uniformada.
Sin lugar a dudas es un tema complejo. No hay un solo interlocutor que pueda representar la heterogeneidad de las comunidades indígenas y no es evidente que todas compartan idénticas reivindicaciones y demandas. Algunos sectores pueden aspirar a la reconstrucción del WALMAPU como un estado-nación mapuche independiente. Otros al reconocimiento de sus derechos y tierras ancestrales, así como el compromiso y apoyo del Estado para superar las condiciones de pobreza y derechos esenciales como el del agua hoy amenazada por una explotación abusiva del territorio.
Ciertamente un desafío complejo y mayor. La recordada propuesta de Huenchumilla fue severamente cuestionada en su momento también por sectores radicales, sosteniendo que se pretendía institucionalizar la ocupación y el avasallamiento del pueblo mapuche y no su liberación. Una propuesta calificada de” asistencialista” y que buscaría que el pueblo mapuche entre a formar parte de un juego político que le sería ajeno.
Para complejizar aún mas el problema es preciso señalar que en la Araucanía se ha detectado la presencia activa del narcotráfico y el crimen organizado, que busca mimetizarse con sectores de la comunidad mapuche para desarrollar sus actividades delictivas, a cambio de armas y recursos para sostener una resistencia armada.
Quiérase o no, el mal llamado conflicto de la Araucanía pasa a ser una prioridad para el próximo gobierno, que no tiene soluciones fáciles ni rápidas. Que requiere de un diseño y una institucionalidad adecuada para enfrentar las múltiples causales que están en su origen. Asumiendo la existencia de poderosos intereses encontrados, algunos más que cuestionados, generando las condiciones para un diálogo que permita avanzar. Aun cuando no todos los sectores estén hoy día disponibles y siendo indispensable diferenciar muy claramente el conflicto histórico de las actividades delictuales.
No sería ocioso intentar una verdadera tregua que apueste a detener y aislar los actos de violencia, con medidas activas que posibiliten el camino del diálogo y la negociación como única vía para una paz justa y sostenible
Quien mejor que el presidente electo para intentarlo.