Demoró en llegar la querella criminal del Consejo de Defensa del Estado en
contra de Raúl Fernando Torrealba del Pedregal, “el Tronco” para sus amigos (entre ellos Sebastián
Piñera), uno de los fundadores y ex vicepresidente de RN, alcalde durante un
cuarto de siglo de Vitacura. La millonaria trama de corrupción complica, entre
otros, a uno de sus subordinados por largos años, exalcalde de Lo Barnechea y
luego intendente, Felipe Guevara.
De presuntas irregularidades se terminó derivando a la imputación delictiva de malversación de caudales públicos, cohecho, fraude al fisco, falsificación de documentos y lavado de activos.
Una de las primeras decisiones de la actual alcaldesa Camila Merino, militante de Evópoli, que sucediera a Torrealba en el municipio, fue presentar una denuncia por presuntas irregularidades en los programas Vita (salud, deportes y emprendimiento), en contra de quienes resulten responsables.
La trama de corrupción montada por el exalcalde, que le permitió acumular la no despreciable suma de $2.300 millones en sus cuentas corrientes, compromete a varios de sus colaboradores que se incluyen en la querella (Domingo Prieto, José Sepúlveda, Antonia Larraín Prieto, Augusto Silva y Arnaldo Cañas, que integraban el círculo de hierro del exalcalde), algunos de los cuales han decidido auto denunciarse y colaborar con la justicia. Tal es el caso de Antonia Larraín Prieto, que confesara que recibía dineros en su cuenta corriente, que debía entregar en efectivo al ex alcalde, sin que este nunca le explicaran las razones o motivos. Los depósitos se los hacia su tío abuelo, Domingo Prieto, también funcionario del municipio, que tenía a su cargo la coordinación con Vita salud, Vita emprende y Vita Deportes, que giraban estos recursos según sus instrucciones.
Las primeras declaraciones judiciales apuntan a Felipe Guevara, funcionario municipal de Vitacura durante 12 años, ex alcalde de Lo Barrenechea y ex intendente de Santiago durante el gobierno anterior, como inventor de este novedoso mecanismo de malversación, que iban a las cuentas corrrientes del ex alcalde de Vitacura. Una acusación que el imputado ha negado categóricamente, no obstante, lo cual, muchos lo sindican como “el hombre del maletín” y está siendo investigado por hechos similares en el municipio que le tocó dirigir, tras la demanda del actual alcalde de Lo Barrenechea, Cristóbal Lira.
Una investigación similar se realiza en la municipalidad de Las Condes por la transferencia de millonarios recursos a organizaciones de la sociedad civil, sin el debido control. En conjunto estos municipios transfirieron más de 14.000 millones de pesos, según la denuncia de América Transparente, de manera irregular.
Ya en el año 2018 la Contraloría general de la república había hecho observaciones de presuntas irregularidades en el manejo de los recursos en estos municipios. Y otro tanto habían hecho algunos diputados, como Tomas Hirsch, que no ha dudado en sostener que, en estos municipios del barrio alto de Santiago, los exalcaldes robaban “como gatos de campo”.
No son comunas cualquieras. Son el corazón del barrio alto de Santiago. Las comunas más ricas de la capital, en donde viven buena parte del 1 % de los sectores de mayores ingresos. Junto a la Reina y Peñalolén, integran el distrito electoral # 11, “la perla de la corona” de la derecha. El único distrito en donde ganó el rechazo en el plebiscito de entrada al proceso constituyente y en donde ser candidato a parlamentario por la derecha, equivale a ser parlamentario designado.
Raúl Torrealba decidió renunciar a su militancia en Renovación Nacional el año 2021 para no perjudicar a su partido tras conocerse las acusaciones, que no han merecido, ni de lejos, la atención mediática de otros alcaldes vinculados a hechos de corrupción, como es el caso del ex alcalde de la Granja, Miguel Ángel Aguilera. Los medios de comunicación cumplen con uno de sus deberes esenciales al fiscalizar los actos de autoridad, pero deben actuar con idéntico rigor y acuciosidad en todas circunstancias, pese a quién le pese. Lamentablemente, no ha sido el caso.
Por su parte, la directiva de RN se ha limitado a insistir que los hechos deben ser investigados hasta sus últimas consecuencias y debe aplicarse las sanciones que correspondan si se comprueban las denuncias, extendiendo el beneficio de la duda al exalcalde Torrealba (toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario).
El discreto encanto de la burguesía
Es un lugar común afirmar que todos los políticos son corruptos, pese a la numerosa evidencia en contrario. Hay algunos políticos corruptos, de derecha, centro o izquierda. Como hay algunos empresarios, o funcionarios públicos. Y siempre, tras un político o funcionario corrupto, hay quienes lo corrompen. Hoy les toca el turno a conspicuos representantes de la derecha.
No son los primeros o los únicos representantes de la derecha en estar comprometidos en actos de corrupción que implican cuantiosos recursos que defraudan al estado y a los ciudadanos y ciudadanas que son los consumidores, Frescos están en la memoria los casos de Soquimich, Penta, la colusión de las farmacias, el papel confort o los pollos. Más recientes los de La Polar y de la corredora de bolsa Larraín Vial, por lavado de activos. La lista es larga.
Las famosas clases de ética, a la que fueron condenados los dueños de Penta, además de multas irrisorias, lejos de resultar ejemplarizadoras y disuasivas, apuntan en sentido contrario. Al igual que las famosas “compensaciones” en los casos de colusión, que están muy lejos de reparar el daño causado a los consumidores.
Y pese a los avances, el país mantiene aún altos índices de evasión y elusión tributaria, así como deficientes mecanismos de regulación y control de los mercados y las actividades financieras, protegidas por un rígido secreto bancario, que no ha sido muy diligente a la hora de detectar y denunciar evidentes anomalías.
Debilidades en el control de aduanas, que permiten el ingreso y comercialización de productos falsificados, como el que ha sido denunciado en el caso de La Polar.
Chile mantiene un honroso segundo o tercer lugar en materia de transparencia y probidad en la región, lo cual no quiere decir que este libre del fenómeno de la corrupción que amenaza y corroe a los sistemas políticos en todo el mundo, como ha quedado en evidencia, una vez más, con el escándalo de corrupción en la Unión Europea, que compromete a una de sus vicepresidentas y otros altos funcionarios de ese organismo con platas negras de Qatar.
La ley de transparencia del estado, impulsadas por los ex senadores Hernán Larraín y Jaime Gazmuri y aprobada en el primer gobierno de Michelle Bachelet, marcó un antes y un después en materia de corrupción, así como la vigorosa agenda a favor de la probidad y transparencia impulsadas en su segundo mandato. Pero es preciso asumir que aún falte mucho por avanzar en este sensible tema.
El tema de los municipios es especialmente sensible por la falta de un adecuado control en el manejo de los fondos y sus sistemas de adquisiciones. Especialmente de aquellos fondos que, de una u otra manera, son eludidos al ojo de la Contraloría. El caso de las luminarias, que compromete a una buena cantidad de municipios es apenas un ejemplo. Está el tema de las corporaciones municipales, financiadas con fondos fiscales y municipales. O esta rara figura de las VITA, supuestamente inventada por el exalcalde Guevara, en el municipio de Vitacura, con presupuestos que superarían los tres mil millones de pesos al año, que puede transferir discrecionalmente recursos a instituciones sociales, sin mayor control o rendición de cuentas
Y aún los municipios pueden recibir aportes del sector privado, bajo el alero de una supuesta responsabilidad social empresarial (RES), como sucedía con la minera anglo American en el municipio de Las Condes, cuya uso y destino no parece contar con un debido control y rendición de cuentas, prestándose a todo tipo de manipulaciones, como ha sido denunciado en este caso.
El gobierno debe actualizar una vigorosa agenda a favor de la transparencia y probidad en el estado que, por cierto, debe incluir a los municipios y a todas las instituciones, públicas o privadas que reciban aportes públicos, además de reforzar los controles y regulaciones al mercado. No tan sólo para combatir el narco tráfico, como se plantea en el nuevo plan en contra del crimen organizado, recientemente anunciado por el gobierno, sino, muy principalmente, en contra de la corrupción.