Qué duda cabe. Lo evidencian diversas mediciones de opinión pública marcando su desaprobación. Los indultos presidenciales se han tomado la agenda mediática, desplazando temas tan relevantes como el acuerdo en torno a la seguridad ciudadana que venía impulsando la ministra del Interior, o los anuncios en materia de subsidios y ayudas para enfrentar la emergencia.
El propio presidente reconoció desprolijidades en la implementación del indulto a 12 condenados de la revuelta, además del ex frentista Jorge Mateluna, debiendo aceptar la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Ríos – designando en su reemplazo al abogado Luis Cordero Vega – y de su jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía.
La suma de errores no forzados o “desprolijidades”, comprometen al mandatario que, al parecer, no tuvo a la vista todos los antecedentes necesarios, según declaró la ministra vocera, añadiendo una errática fundamentación para el indulto de Mateluna.
Como era más que propicio, olvidando convenientemente el historial de las administraciones de Sebastián Piñera en materia de indultos (que registra condenados por delitos de lesa humanidad), la derecha puso el grito en el cielo materializando una acusación constitucional en contra de la ya renunciada ministra, además de recurrir al Tribunal Constitucional y la Contraloría General de la República, buscando dejar sin efecto los indultos, mientras anunciaba una comisión investigadora en la cámara, sin descartar una eventual acusación constitucional en contra del propio presidente Boric.
En ese contexto de ruido mediático perseveró en su decisión de retirarse de la mesa de diálogo que buscaba un acuerdo en materia de seguridad ciudadana, que había registrado importantes avances y en donde se esperaba un acuerdo para los próximos días.
Es difícil, sin embargo, que la derecha pueda mantener esa decisión por mucho tiempo, o impulsar su propia agenda sobre la materia, para lo cual no cuenta con mayoría. Todo apunta a que endurecerá sus demandas para volver a la mesa de negociaciones, incluyendo la declaración de estado de emergencia en la zona norte, su mantención en la macrozona sur, mayores atribuciones para carabineros, injerencia en el sistema de inteligencia policial, así como reformas a la ley antiterrorista, que permita su aplicación efectiva.
En el oficialismo las opiniones en torno a los indultos están divididas. El mandatario cuenta con el respaldo del Frente Amplio y el PC, que han llamado al gobierno a perseverar en los compromisos contraídos en la campaña presidencial, aunque obviamente no estén consideradas en lo inmediatos nuevas iniciativas al respecto. Desde el socialismo democrático se registran mayores reservas, principalmente por el traspié presidencial de incluir a Luis Castillo, con un extenso prontuario policial, condición que estaba excluida de los fundamentos originales de la medida. Adicionalmente la presidente del PS, Paulina Vodanovic, ha lamentado la oportunidad de la decisión, que traba (al menos transitoriamente) los esfuerzos de la ministra del Interior para cerrar un acuerdo en materia de seguridad ciudadana.
El tema no deja de ser sensible para el oficialismo, cruzado por diversas sensibilidades en torno al estallido social y sus secuelas de violencia. La entrevista de Carlos Ruiz, considerado uno de los ideólogos del Frente Amplio, publicada en la edición dominical de El Mercurio, poco aporta a un consenso entre las coaliciones que apoyan al gobierno y a los desafíos del próximo período presidencial.
Los avances del proceso constituyente
Pero no todas son malas noticias para el gobierno. De manera más bien sorprendente, la cámara de diputados aprobó por una amplia mayoría de 109 votos, en plazo y forma, la reforma constitucional que habilita en nuevo proceso constituyente, en donde las fuerzas políticas mayoritarias respaldaron disciplinadamente el acuerdo suscrito, algo que el gobierno destacó como un triunfo de la democracia.
El 7 de febrero se cumple el plazo para que los diversos partidos y coaliciones inscriban sus alianzas y candidaturas a consejeros constituyentes, que se elegirán en el mes de mayo. Aún subsiste la interrogante acerca de si Chile Vamos suscribirá una alianza con los republicanos u optará por buscar una alianza con los sectores de centro disidentes (Amarillos y Demócratas). Intentando una señal mediática el timonel de RN, Francisco Chahuán, anunció que incluiría entre sus candidatos a Cristián Warnken, el líder de Amarillos
De la misma manera, en el oficialismo se debate la fórmula de una lista única, u optar por dos listas (una conformada por el socialismo democrático más la DC y otra por Apruebo Dignidad). Ciertamente el gobierno se inclina por una sola lista que fortalezca su gestión con un buen resultado electoral. Un debate abierto que debe considerar los escasos cupos en competencia y la convocatoria electoral de los distintos partidos.
Falta por dilucidar la manera como el partido de la gente, que no suscribió el acuerdo, enfrentará esta elección. Es difícil imaginar que pueda suscribir una alianza con los republicanos o Chile Vamos y todo apunta a que la enfrentarán en solitario, con un discurso en contra de los partidos tradicionales. El supuesto o inminente arribo de Franco Parisi plantea más de una incógnita al respecto.
El desafío electoral no es menor. La derecha aspira a revalidar, y en lo posible incrementar, el 62 % alcanzado por el rechazo en la elección de consejeros constituyentes, en tanto que el oficialismo debe impedir que la oposición alcance el umbral de los 4/7 que le daría mayoría absoluta en el consejo.
En el intertanto, tanto el senado como la cámara de diputados deben designar, de manera paritaria, a los 24 expertos, que tendrán la misión de redactar una primera propuesta de constitución, para ser sometida a la consideración del consejo constituyente. Y todo apunta a que su composición corresponderá a la correlación de fuerzas en el parlamento.
Algunas buenas noticias para el Ejecutivo
No son estas las únicas buenas noticias para el gobierno. La ratificación del nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia, por parte del Senado, tras dos fracasos consecutivos, permite cerrar un complejo vacío que solo debilitaba adicionalmente el ya cuestionado ministerio público.
Adicionalmente se aprobó, por amplia mayoría, el proyecto de ley de protección de la infraestructura crítica por parte de las FF. AA, que permite su despliegue en las fronteras, descomprimiendo las tensiones por la crisis de seguridad en la zona norte.
De la misma manera, la comisión de constitución legislación y justicia, rechazó la idea de legislar sobre la propuesta del auto préstamo masivo presentada por algunos parlamentarios y que el gobierno cuestionó como una nueva modalidad de retiro de fondos previsionales.
Sin embargo, el gobierno enfrenta una verdadera prueba de fuego con la votación del proyecto de reforma previsional, prevista inicialmente para fines de enero. Las administradoras de fondos previsionales han desplegado una intensa y millonaria campaña en contra del proyecto, alineando a un amplio sector de la oposición. Los temas más sensibles dicen relación con la administración de los fondos y el destino del aporte patronal.
A ello se suma el debate sobre la reforma tributaria, que el gobierno aspira a aprobar a mediados de año y el destino de la reforma al sistema de salud en la que el gobierno viene trabajando aceleradamente y que ingresará a trámite en el próximo período legislativo.
Ciertamente son tiempos desafiantes para el país, en un escenario regional marcado por graves tensiones sociales y crisis políticas y económicas, como las que hoy se viven en Perú, Argentina y el propio Brasil, que recientemente vivió una asonada de los partidarios del derrotado Jair Bolsonaro.
El presidente Boric ha formulado un llamado a superar las tensiones y conflictos, para concentrarse en los temas que verdaderamente importan a la ciudadanía. Es un llamado que merece ser atendido. La presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), ha denunciado que sectores de la derecha intentan agudizar una crisis institucional. Señales aparecen a la vista y ciertamente sería una muy mala apuesta, que tan sólo puede beneficiar a los sectores antidemocráticos.