Al cerrar este ciclo de artículos es importante recapitular que el borrador de nueva Constitución Política 2022 hace un serio aporte a las esperanzas ciudadanas en favor de una descentralización para el desarrollo territorial equitativo y sostenible.
Primero, definiendo las autonomías subnacionales para los gobiernos regionales, las municipalidades y las tierras indígenas en conjunto con una razonable participación de los representantes de regiones en el poder central a través de la Cámara de las Regiones.
Segundo, mediante la definición de los ámbitos de competencias que pueden ser traspasados a los gobiernos subnacionales y una ampliación de las capacidades de gestión, especialmente para la generación de ingresos propios y endeudamientos acotados por ley, para fortalecer la gobernanza territorial.
Tercero, impulsando una contribución subnacional a la recuperación de la legitimidad de la política con distintas formas de participación y control ciudadanos.
Nos queda mostrar de qué manera la Constitución de 2022 permitirá un proceso de descentralización que favorece la colaboración entre los distintos poderes autónomos: el gobierno nacional, los gobiernos regionales, las municipalidades y los territorios rurales indígenas y entre las diferentes regiones.
Este proceso integrador del país, que respeta la diversidad, no será exitoso sin la participación de todos los actores en torno al principio “desarrollo territorial colaborativo”.
Por último, es importante señalar que la Constitución sólo abre un camino. El proceso requerirá el compromiso de todas las instituciones y de la ciudadanía. Pero, el cambio principal estará en manos de los gobiernos regionales liderados por sus gobernadoras y gobernadores.
Lo decisivo en esta materia será identificar dónde poner el foco: una tarea política, que requiere generar visiones compartidas, y técnica, que exige potenciar las capacidades subnacionales para la elaboración de políticas, programas y proyectos basados en datos duros de cada realidad y con capacidad de evaluación y seguimiento.
La impronta colaborativa en la nueva constitución
Desde su primer artículo el texto sobre “Estado Regional” define con claridad la unidad en la diversidad y su impronta colaborativa.
Es importante subrayar esto frente a muchas noticias falsas y comentarios sin fundamento que tienden a crear la idea que la unidad del país estaría amenazada y que la descentralización conduciría a una catástrofe.
Contra el centralismo histórico se pone énfasis en el respeto a la diversidad; pero, al mismo tiempo, se le entrega al Estado un rol activo en la conducción del proceso con especial énfasis en la armonía, la cooperación y la equidad.
“Del Estado Regional. Chile es un Estado Regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado. El Estado promoverá la cooperación, la integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales”.
“De la Autonomía de las entidades territoriales. Las regiones autónomas, comunas autónomas y autonomías territoriales indígenas están dotadas de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses en los términos establecidos por la presente Constitución y la ley. En ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile, ni permitirá la secesión territorial.”
Esta reiteración, que probablemente simplificará la Comisión de Armonización, da cuenta de la clara voluntad de la Constituyente en esta materia y aleja los malos presagios con que algunos quieren atemorizar a la opinión pública. Por otra parte, hay un conjunto de artículos que refuerzan los deberes de los distintos niveles del Estado para el cumplimiento de sus responsabilidades asociadas con estos propósitos integradores y solidarios.
“De la solidaridad, cooperación y asociatividad territorial en el Estado Regional. Las entidades territoriales se coordinan y asocian en relaciones de solidaridad, cooperación, reciprocidad y apoyo mutuo, evitando la duplicidad de funciones, en conformidad a los mecanismos que establezca la ley.”
“Del Desarrollo Territorial. Es deber de las entidades territoriales, en el ámbito de sus competencias, establecer una política permanente de equidad territorial de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza”.
“De la Equidad, Solidaridad y justicia territorial. … El Estado de Chile promoverá un desarrollo territorial equitativo, armónico y solidario que permita una integración efectiva de las distintas localidades, tanto urbanas como rurales, promoviendo la equidad horizontal en la provisión de bienes y servicios”.
Igualdad en la prestación de los servicios públicos municipales y desarrollo equitativo. El Estado garantizará a la municipalidad el financiamiento y recursos suficientes, para el justo y equitativo desarrollo de cada comuna, conforme a los mecanismos que señale la Constitución y la ley. Para el gobierno comunal se observará como principio básico la búsqueda de un desarrollo territorial armónico y equitativo, propendiendo a que todas las personas tengan acceso a igual nivel y calidad de servicios públicos municipales, sin distingo del lugar que habiten.
Se puede observar en estos textos algunas reiteraciones, pero con ellas queda muy clara la voluntad del Constituyente: una sólida definición para lograr el desarrollo de todos los territorios en forma solidaria y colaborativa y con una activa participación del Estado central.
El necesario liderazgo de los nuevos gobiernos regionales
La aprobación del capítulo del Estado Regional es la continuidad de un cambio que ya venía gestándose por décadas. Desde 1992 con la vuelta a la democracia para los gobiernos locales y en 2009 y 2018 con las reformas constitucionales para iniciar el traspaso de poder, competencias y recursos a los gobiernos regionales.
Pero, el hito principal de este proceso se produjo el 14 de Julio de 2021 cuando, por primera vez en la historia de Chile, asumieron 16 gobernadores regionales electos por la ciudadanía. El sueño de Pedro León Gallo se cumplía más de 160 años después.
¿Por qué es tan importante la convergencia histórica entre el cambio constitucional actual y la existencia de gobiernos regionales autónomos?
Desde las reformas de 2009 y 2018, la Constitución Política define que la responsabilidad del desarrollo de cada región del país está en manos de sus autoridades. Las y los gobernadores regionales que asumieron hace un año tienen muy clara esa responsabilidad y deben dar cuenta de ella a la ciudadanía.
Sin embargo, el Estado central no ha iniciado todavía el traspaso de los recursos humanos y financieros para que esa tarea sea posible. La diferencia de hoy es que las nuevas autoridades, a diferencia de los intendentes regionales de antes, pueden y están reclamando esos traspasos desde el primer día que asumieron.
La aprobación de la Constitución de 2022 reforzará esas demandas. Por su parte, las y los gobernadores han constituido una Asociación Nacional que les representa y que ha abierto canales de diálogo con el actual gobierno en esa perspectiva: el Foro para la Descentralización.
¿Qué se requiere para un verdadero desarrollo territorial “colaborativo”?
- Que los gobiernos regionales se fortalezcan, especialmente en sus equipos políticos y técnicos, para levantar en forma participativa la “visión estratégica propia” asociada a la actualización de las Estrategias Regionales de Desarrollo.
- Que esa visión estratégica sea acompañada de una potente “inteligencia estratégica territorial” a través de la constitución de los “Comités de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo” y lo que la Comisión Asesora Presidencial de 2014 llamó “Centros de Pensamiento Estratégico Territorial”, unidades para levantar información, realizar seguimiento a procesos y evaluar resultados a fin de lograr ajustes permanentes en las políticas públicas subnacionales.
- Que este proceso sea acompañado, tanto por los municipios, como por el gobierno central, ministerios y servicios públicos, con el propósito de sumar todas las fuerzas en el apoyo de la histórica tarea del desarrollo territorial equitativo y sostenible.