Por Hugo Frühling
Hace sólo tres semanas la agenda de seguridad se encontraba capturada por el debate respecto de la extensión del control preventivo de identidad a menores. Eran tiempos en que los hechores de delitos parecían provenir de afuera amenazando a ciudadanos decentes y que había que centrarse en medios de vigilancia que impidieran que invadieran nuestros espacios de seguridad. A días de movilizaciones masivas, acompañadas de acciones violentas contra personas y propiedades, grave quiebre del orden público, y denuncias de graves violaciones a los derechos humanos cometidas principalmente por Carabineros, la agenda es muy diferente. Llama a que las fuerzas políticas no abdiquen de sus responsabilidades democráticas y asuman con decisión los nuevos desafíos.
Llama a que las fuerzas políticas no abdiquen de sus responsabilidades democráticas y asuman con decisión los nuevos desafíos.
Un primer aspecto a analizar se refiere al alto número de denuncias por graves violaciones a los derechos humanos presentadas contra funcionarios de Carabineros y Fuerzas Armadas durante este período de protestas públicas. Corresponde analizarlas con seriedad, sin desconocer que los desafíos han sido de gran magnitud. No abundaremos en lo obvio: corresponde al gobierno y al mando policial tomar medidas que eviten su repetición, sin perjuicio de la tarea del Ministerio Público y jueces.
En estas materias, la definición de una manifestación como ilegal debiera responder a criterios sustantivos y no a la obediencia o no de instrucciones policiales.
Mayor detención merece la discusión respecto de si Carabineros ha cumplido con su propio protocolo. El problema es algo más profundo. El ejercicio de las atribuciones policiales, en materia de manifestaciones públicas, se encuentra regulado mediante un decreto y un protocolo de actuación policial que es de dominio público. Partamos de la base que el ejercicio de la autoridad se facilita cuando se la considera legítima.
El amplio número de personas que denuncian heridas oculares hace aconsejable que se prohiba su uso, decisión que debiera corresponder al gobierno, de quien depende la policía.
Tres son los aspectos que merecen observaciones: el primero, que la regulación del derecho de reunión y de expresión debiera corresponder a la ley y no a un decreto y a una regulación interna de la policía. El punto no es menor: los protocos de actuación policial no tienen la jerarquía jurídica que requiere la regulación o restricción de derechos constitucionales. En segundo lugar, el protocolo distingue entre manifestaciones lícitas e ilícitas. Las segundas, son consideradas violentas, con lo que se autoriza su disuasión y despeje por parte de la policía, cuando se desoyen las instrucciones policiales y se vulneran los derechos de terceros. En estas materias, la definición de una manifestación como ilegal debiera responder a criterios sustantivos y no a la obediencia o no de instrucciones policiales. Una manifestación ilegal es aquella que es violenta o cuando existe peligro cierto que se convertirá en violenta. Por otra parte, no existe ninguna razón para que cuando existe un choque entre el derecho a manifestarse y el derecho de terceros (por ejemplo, de automovilistas a circular), deba determinarse automáticamente que el derecho a manifestarse sea el sacrificado. La determinación de la autoridad a ese respecto debe realizarse con prudencia y teniendo atención a las circunstancias del caso. Un último punto se refiere al uso de escopetas antidisturbio que disparan proyectiles no letales. El amplio número de personas que denuncian heridas oculares hace aconsejable que se prohiba su uso, decisión que debiera corresponder al gobierno, de quien depende la policía.
Frente a lo sucedido, los proyectos de ley presentados por el gobierno para modernizar a las policías y que se discuten morosamente en el Congreso carecen de utilidad, lo que obliga a repensar la agenda.
Un segundo aspecto se refiere al sentimiento de desprotección que ha sido muy extendido en casi todo el país. En el curso de estos días se han producido manifestaciones pacíficas, pero también violentas, saqueos y amplia destrucción de la propiedad pública y privada. Es notorio que en muchos casos los afectados debieron asumir su propia protección y que la destrucción en el metro, y espacios públicos alcanzó niveles impresionantes. Frente a lo sucedido, los proyectos de ley presentados por el gobierno para modernizar a las policías y que se discuten morosamente en el Congreso carecen de utilidad, lo que obliga a repensar la agenda. Así, por ejemplo, se discute en el Congreso un proyecto de ley que establece la obligación de las policías de elaborar un Plan Estratégico de Desarrollo Policial, para un período de ejecución de ocho años y de un Plan Operativo que lo ponga en ejecución. Ambos requieren ser revisados por el Ministerio del Interior. Según el proyecto de ley referido correspondería al Alto Mando de cada institución policial la supervisión y evaluación de ambos Planes.
El diseño de planes de largo plazo a ser evaluados por la propia institución, así como la discusión respecto de la especialización de las policías carece de sentido ante la coyuntura actual.
El diseño de planes de largo plazo a ser evaluados por la propia institución, así como la discusión respecto de la especialización de las policías carece de sentido ante la coyuntura actual. La reforma policial requiere de un sentido de urgencia que hoy no existe. Este lo deben proporcionar el gobierno y los parlamentarios, especialmente los de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, o de Seguridad Pública del Senado. La ciudadanía espera eficiencia en las labores propias de la conservación del orden público por su enorme importancia para la convivencia democrática. Se pregunta si existen objetivos y estrategias claras para restaurar el orden público. Una segunda cuestión es si existe el número suficiente de policías debidamente entrenados para resguardar el orden público ¿El gobierno cuenta con información clara respecto del número de carabineros desplegados en el control de manifestaciones y los que custodian bienes que puede ser objeto de saqueo? Todavía más importante: ¿hubo adecuada respuesta a las necesidades de las comunas más afectadas por los saqueos en los días más álgidos de las protestas? Es imperativo que el gobierno evalúe lo sucedido desde la perspectiva del orden público. Pero también los senadores y diputados deben requerir información que les permita hacerse un juicio sobre lo sucedido.
La ciudadanía espera eficiencia en las labores propias de la conservación del orden público por su enorme importancia para la convivencia democrática.
¿hubo adecuada respuesta a las necesidades de las comunas más afectadas por los saqueos en los días más álgidos de las protestas?
Una nueva agenda de seguridad impone responsabilidades al gobierno, el Congreso, sociedad civil y las propias policías. Por cierto, la crisis política y social que vivimos no se resolverá mediante represión policial. Sin embargo, la calidad de la respuesta policial frente a la crisis actual determinará mucho las relaciones futuras entre ciudadanía y policías.
Por cierto, la crisis política y social que vivimos no se resolverá mediante represión policial. Sin embargo, la calidad de la respuesta policial frente a la crisis actual determinará mucho las relaciones futuras entre ciudadanía y policías.