La inflación parece haber entrado en una senda de desaceleración, con un 0,3% en diciembre, la más baja del año junto a la de febrero, antes de la invasión rusa a Ucrania. Pero permanece el debate sobre sus causas y las políticas para contenerla.
La inflación del año llegó a 12,8%, luego de cifras de 7,2% en 2021 y de 3% en 2020. El momento más álgido fue el de agosto, cuando la inflación anual alcanzó un 14,1%. El primer gráfico muestra el origen predominantemente importado del brote inflacionario (en rojo se muestran los precios transables internacionalmente) y su fuerte aceleración desde marzo de 2022. Estos llegaron a aumentar en 17,3% anual en agosto.
El segundo gráfico reseña, entre los bienes importados, la variación de los precios volátiles de la energía, con un récord de 24% anual en septiembre (en verde en el gráfico), que llevó la inflación anual en el transporte a 18,3%. Y la inflación volátil de los alimentos que llegó a 25,6% anual en diciembre (en rojo en el gráfico) y que llevó el aumento de precios en un año de alimentos y bebidas a 24,7%.
Ambas categorías de bienes tuvieron un gran impacto en el presupuesto de la mayoría de las familias, que habría sido mayor sin la contención de alzas a los precios de los combustibles a través del mecanismo de subsidio y estabilización Mepco y el nuevo suplemento de la asignación y subsidio familiar para compensar las alzas en la canasta básica de alimentos. Sus precios de base (petróleo y gas, así como cereales, oleaginosas, carnes y lácteos) se fijan en el exterior, con diversas interferencias de poder de mercado que inciden en la remuneración relativa de los agentes presentes en las cadenas domésticas de suministro al consumidor.
También contribuyó a acelerar el aumento de precios el brusco aumento de la demanda interna en 2021 por los retiros inorgánicos de fondos de pensiones, es decir 18 mil millones en el curso de un año a partir de agosto de 2020 con el primer retiro y otros 15,5 mil millones a partir de diciembre de 2020 con el segundo retiro. Si se agregan los 14,7 mil millones sacados desde las cuentas de AFP a partir de mayo de 2021 en el tercer retiro, la suma es de más de 49 mil millones de dólares (del orden de 8% del PIB de dos años, lo que desestabiliza potencialmente cualquier economía), mucho más que la pérdida de ingresos de las familias por efectos de la pandemia. Esa mayor liquidez presionó la demanda de consumo, aunque una parte fue inicialmente ahorrada o mantenida en cuentas corrientes. Se sumó, por su parte, un inusitado déficit fiscal (-7,7% del PIB) en 2021 que financió transferencias a las familias y empresas. Pero la inflación de 2021 provino sobre todo de los desajustes de las cadenas globales de suministro y la de 2022 del fuerte aumento de los precios de los alimentos y la energía. Los combustibles, en especial, producen impactos en los costos en todas las cadenas productivas domésticas, junto a la vasta gama de insumos importados, fenómeno que se agravó con la devaluación del peso frente a un dólar fortalecido internacionalmente. Estos últimos elementos no tienen nada que ver con la expansión del consumo de 2021, que por lo demás cae en 2022 según se observa en el tercer gráfico, y han sido decisivos en el rebrote inflacionario.
Por eso la política de aumentar las tasas de interés de manera desmedida ha sido tan nociva, pues equivoca el diagnóstico, no contribuye a disminuir la inflación importada de manera significativa y, de mantenerse, provocará una recesión prolongada y sin justificación. Lo propio puede decirse de la política fiscal, que al parecer terminó el año con un superávit presupuestario cercano a 2% del PIB. Un ajuste fiscal en un año de cerca de 10% del PIB no tiene parangón ¡en el mundo! Fue conseguido a costa de una caída de -24,5% del gasto público, un ajuste fiscal brutal sin justificación programado por el gobierno anterior y no revertido por el actual. Una lógica de gradualidad era evidentemente mucho más aconsejable para lograr un aterrizaje suave de la economía después de la sobre-expansión de 2021.
En todo caso, el presupuesto de 2023 contempla retomar el incremento del gasto público en algo más de 4%, lo que permite financiar las medidas que ampliarán subsidios a las familias de menos ingresos. Lo adecuado es seguir por esa línea y fortalecer las transferencias con las holguras fiscales creadas, aumentando la pensión garantizada y ampliando el monto y la cobertura de la asignación y subsidio familiar. Se puede también pensar en una asignación para el trabajo de cuidado doméstico, y no solo deducciones tributarias como las que se han aprobado en la Cámara de Diputados y Diputadas.
La inflación bajará primordialmente en la medida en que no sigan aumentando los precios externos de alimentos y combustibles y que no haya devaluaciones masivas del tipo de cambio peso-dólar, y no por el encarecimiento del crédito o la restricción del gasto público. Salvo que se quiera hacer colapsar el consumo de las familias y la inversión, lo que es de esperar nadie esté deseando, por ejemplo por motivaciones de orden político. Este será otro año con elecciones, una a consejeros constitucionales y otra de sanción plebiscitaria de la nueva propuesta de Constitución. La política macroeconómica debe ser puesta en práctica pensando en el bienestar sostenible de la población, sea quien sea quien gobierne, y no con cálculos con sesgo político de instituciones supuestamente autónomas.
En todo caso, nuevos retiros de fondos de pensiones son equivocar el camino, pues esos recursos están para la jubilación y no para atender urgencias, salvo situaciones muy justificadas de enfermedad o de complemento de ahorro para la vivienda. Atender las urgencias sociales tiene su propio camino, y ese no es el del desorden y la improvisación producidos en el gobierno anterior.